Una STS de 09.07.26 obliga al Consejo de Ministros a reabrir el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por consumidores y empresas por el encarecimiento del combustible entre 2012 y 2018 motivado por la subida del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, ese que fuera declarado ilegal por el TJUE, en mayo de 2024, por gravar de forma distinta según la CCAA. El TS destaca el retraso del ejecutivo, de más de cuatro años, para reformar el régimen de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y pasa a aplicar, directamente, los criterios europeos para facilitar el acceso a la indemnización correspondiente para cuando la Administración incumple el Derecho de la UE.
Los afectados reclamaron, en 2022 y 2023, unas indemnizaciones por RPA por lo pagado de más durante aquel periodo. Sin embargo, el Consejo de Ministros rechazó, en diciembre de 2023, esas reclamaciones por extemporáneas porque la normativa de la RPA fija el plazo de un año para reclamar desde la fecha del acto administrativo que funde dicha reclamación. En 2023, ni se habían impugnado las liquidaciones tributarias, ni estaba ya vigente dicha normativa. En 2023 y en los periodos de referencia, las petroleras pagaban directamente el impuesto y podían trasladar dicha subida a las gasolineras que hacían lo propio con los clientes finales, de ahí que la prueba que reclama el TS resulte en muchos casos diabólica al no verse reflejada en las facturas.
El TS insiste, primero, en que el TJUE declaró, con fecha 28.06.2022, parcialmente nulo el régimen de RPA español por dificultar a los ciudadanos el acceso a las oportunas indemnizaciones para declarar después que, pese al tiempo transcurrido, “el legislador español no ha procedido a modificar los preceptos declarados incompatibles» por lo que toca interpretar la norma conforme a los criterios europeos. Entonces, el TJUE tumbó cuatro de las condiciones que exige la norma española para obtener una indemnización: (i) que haya una sentencia del TJUE que declare que el Estado ha infringido el Derecho Europeo; (ii) que el contribuyente actúe primero contra la Administración y obtenga una sentencia firme desestimatoria; (iii) que reclame la responsabilidad patrimonial en el plazo de un año desde dicha sentencia y (iv) que solo pueda recuperar una cuantía limitada, del daño sufrido en los últimos cinco años. El TS destaca que, en este caso, no era necesario ni una STJUE sobre el particular, ni haber acudido previamente a la vía administrativa, porque no pueden verse privados automáticamente del resarcimiento por no actuar primero contra la Administración. En este sentido, el TS ordena ahora al Consejo de Ministros reabrir el procedimiento de RPA, siguiendo las STS de 20.09.2024 donde declaró que los consumidores pueden acudir a la RPA para reclamar el dinero pagado de más por el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, siempre y cuando puedan demostrar que se les repercutió el tributo, esto es, acreditar tanto el perjuicio alegado –la repercusión del impuesto– como su concreta cuantificación.
En resumen: el TJUE tumbó el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, vigente entre 2012 y 2018, apuntando que las devoluciones superarían los 6.500M€. Sin embargo, cuatro años después, el gobierno español no ejecuta ni la STJUE ni las STS (por todas, la STS nº 1.502/2024, de 25 de septiembre, Rec. 1.902/2021) dictadas en la materia. Por eso, ahora, las presiones de los afectados llevan al TS a obligar al ejecutivo a reabrir la vía indemnizatoria, pero lo hace de tal manera –con tales requisitos– que la devolución final no sé si llegará al 20% de todo lo recaudado ilegalmente. Es la misma jugada que hacen los bancos: se saltan la Ley a la torera y luego ya veremos. Lo hacen a sabiendas de que el TS y el TC están siempre al cuidado, no de los derechos ciudadanos, sino de estos oligopolios que hacen de sus actuaciones ilegales negocios millonarios. A ti, tontorrón, si te pillan en una pijada, te meten una sanción que lo flipas, pero a estos ladrones no solo no les imponen sanciones, sino que les ayudan a consolidar el robo, complicando burocráticamente las reclamaciones de forma que muchos no podrán acreditar nada y se quedarán con un palmo de narices. Negocio Comansi. Si todo esto te parece normal, sigue votando a la PPSOE. Si no es así, deja de votarles inmediatamente y para siempre.
