El vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la JCYL, Carlos Pollán (VOX), acaba de presentar la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 donde recoge 36 nuevas rebajas impositivas para los ciudadanos de Castilla y León. Las rebajas arrancan en el IRPF cuyo tramo autonómico rebajará el tipo mínimo del 9% al 8,75%, con objetivo en el 8% al final de la legislatura. Asimismo, crea una nueva deducción de hasta 150€ por gastos en gimnasios/actividades deportivas del grupo familiar. En el ISD, extienden la bonificación del 99% a hermanos, tíos y sobrinos con el objetivo de eliminar dicho impuesto para los familiares directos. Asimismo, habrá una nueva bonificación del 3% sobre los primeros 100.000€ por heredero.
Para el acceso a la vivienda, en propiedad o alquiler, se crea la ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’ que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500€/año, durante cinco años, para luego comprar una VH. Asimismo, se ofrece una nueva deducción, de hasta 600€/año, por cada vivienda que se ponga en alquiler con una renta máxima de 750€/mes, en el medio urbano, o de 500€/mes, en el medio rural. También se rebaja el ITP para la adquisición de la primera VH al 3,75% y el AJD tendrá un tipo del 1,25% para obra nueva y división horizontal. Para las familias suben la deducción autonómica por nacimiento o adopción a 1.050€ para el primer hijo; 1.550€ para el segundo y 2.400€ para el tercero y siguientes. Dichas cuantías se duplican cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También sube la deducción por discapacidad hasta 325€ o 700€ en función del grado y de la edad del contribuyente, alcanzando a sus descendientes.
En el medio rural, en municipios de hasta 20.000 habitantes, el límite del valor de la VH sube hasta los 200.000€ y la deducción por nacimiento o adopción se incrementa un 40% (hasta los 1.470, 2.170 y 3.360€, respectivamente), duplicándose si el menor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los gastos de alquiler para jóvenes contarán con una deducción del 27% y la rehabilitación de vivienda destinada al alquiler asequible tendrá una deducción sobre la inversión del 17%. Quizá, lo mejor de todo, sea la política de ‘impuestos cero’ para la transmisión de propiedades en el medio rural: suprimen el ITPO y el AJD para la adquisición de la primera VH sin importar la edad e incluyendo también la compra de inmuebles destinados a una actividad económica, bien como sede social o centro de negocios. Esa supresión también afecta a la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados, así como a la agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a esas explotaciones agrarias prioritarias y al suelo industrial o terciario.
El Programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio con tipos reducidos en ITPO (7%) y AJD (1%). Para la continuidad agraria, amplían la reducción del 99% en el ISD hasta los familiares colaterales de 4º grado y a trabajadores asalariados de la propia explotación (con jornada completa y tres años de antigüedad). Para la agrupación de parcelas, el TPO se queda en el 7% para los agricultores de alta en la SS y con parcelas adyacentes. Los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, tendrán en CYL un único tributo que no afectará a las instalaciones en cubiertas de edificaciones o con una superficie inferior a 5 Ha. Quedarán exentos los dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural y también se bonificará la repotenciación de las instalaciones eólicas con más de 10 años de antigüedad.
Finalmente, los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos tendrán una bonificación de hasta el 30% sobre la inversión para la mejora del bienestar y la lucha contra la despoblación siguiendo el convenio suscrito entre los promotores y la administración local y autonómica. También existe un plan de reducción de tasas que prorroga la congelación de las tasas autonómicas, iniciada en 2014, incluyendo el mantenimiento y la ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura anterior.
