España junto con Rusia es el país más moroso del mundo. El gobierno Sánchez, entre otros desmanes, lleva años retrasando el pago de los laudos arbitrales en los que acabaron muchos proyectos de inversión en energías renovables al cambiar, de la noche a la mañana, la remuneración de los contratos que tenían firmados con el Estado español. Ahora, el Abogado General del TJUE –cuyos dictámenes suele seguir ese tribunal– rechaza el argumento de la incompatibilidad de esas compensaciones con las normas comunitarias sobre Ayudas de Estado y la factura de más de 2.300M€ está cada vez más cerca de materializarse.
Son cerca de 30 procedimientos arbitrales con laudos favorables a los demandantes al reconocer que no se debieron alterar a posteriori unilateralmente las condiciones regulatorias de esas inversiones. Por esa razón, rechazan ahora que las indemnizaciones derivadas de esos cambios unilaterales se puedan considerar ‘Ayudas de Estado’. Bien es cierto que el dictamen ahora conocido afecta a un caso contra el Estado de Rumanía (Caso Micula), pero no es menos cierto que el mismo se repetirá para todos los casos pendientes de dictaminar como son los españoles. En el caso analizado, los inversores apoyados en Tratado bilateral de protección de inversiones entre Rumanía y Suecia, acudieron al arbitraje internacional y obtuvieron, en 2013, una indemnización de 178M€. Después –ojo a los políticos– la Comisión Europea señaló que ese dinero constituía una Ayuda de Estado incompatible con el Derecho de la UE y solicitó la anulación del pago. Los inversores acudieron al TJUE y ahora su Abogado General rechaza esa interpretación y propone anular esa decisión de la Comisión Europea de 2015.
El Abogado General del TJUE marca la diferencia entre la concesión de una ayuda económica a una empresa y reparar los perjuicios sufridos por un inversor como consecuencia de una actuación administrativa contraria a las obligaciones asumidas por el Estado. Señala que el derecho a recibir la compensación no nace del pago efectivo de la indemnización, sino del reconocimiento previo de la obligación de reparar el daño. Además, certifica que indemnizar por los beneficios dejados de obtener no equivale necesariamente a restaurar las subvenciones suprimidas mientras equipara las indemnizaciones reconocidas por Tribunales nacionales con las concedidas por arbitrajes internacionales. Finalmente, exige a la Comisión que justifique adecuadamente la existencia de una verdadera ventaja económica antes de calificar una compensación como ayuda pública. Por otra parte, está el ‘Caso Antin’ en el que Bruselas dictó la Decisión 2025/1235 que consideraba incompatible con el mercado interior el pago de una indemnización de 101M€. Veremos qué decisión toma el Pleno del TJUE. Veremos si las indemnizaciones arbitrales también pueden examinarse conforme a los principios generales que diferencian la reparación de un perjuicio de la concesión de una ayuda pública.
En España, un caso especialmente significativo es el ‘Caso JGC Holdings’. Una empresa japonesa que obtuvo una indemnización arbitral de 23M€ más intereses y costas. En junio de 2025, recibieron finalmente 33M€ tras una ejecución forzosa de activos españoles en EEUU. En 2026, la Comisión Europea abrió una investigación para determinar si esa compensación es o no una Ayuda de Estado. Esta en juego, pues, la revisión de la doctrina comunitaria sobre Ayudas de Estado. En cualquier caso, el coste reputacional no tiene vuelta de hoja.
Quedamos a la espera de la STJUE que ponga fin al litigio, pero nadie con dos dedos de frente confundiría una indemnización por daños con una Ayuda de Estado.
