En febrero 2022 nos hacíamos eco del ‘Caso Valdecañas’ (ver entrada ‘Valdecañas o la insoportable levedad del TS’), el complejo extremeño residencial y de ocio promovido por MARINA ISLA VALDECAÑAS SA Y GOLF VALDECAÑAS SL que, al estar levantando sobre unos terrenos que formaban parte de un ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) junto al Pantano de Valdecañas (Cáceres) y a pesar también de haber contado con todos los parabienes de la Junta de Extremadura, va a tener que ser finalmente derribado, siguiendo la STS de 09.02.2022, al haber inadmitido ahora el TS un postrero recurso planteado por la Junta de Extremadura para impedir esa demolición.La Providencia del TS señala que «las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias», es decir, de demoler el complejo, cuando la sentencia de este mismo órgano de 9 de febrero de 2022 expresamente declara que no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole«.
Ecologistas en Acción, que han sido quienes denunciaron la urbanización ilegal y han sostenido el pleito durante más de 15 años, poniendo de manifiesto la ilegalidad de las medidas aprobadas por la Junta de Extremadura para aprobar un desarrollo urbanístico en un entorno natural en el que no se podía edificar, entienden que la inadmisión de los últimos recursos de casación de la Junta de Extremadura debería dar lugar al inicio de los trabajos de demolición. Asimismo, entienden que debería ser el TSJ de Extremadura quién inste la ejecución de la sentencia para la demolición inmediata de dicha urbanización ilegal aunque, en caso contrario, lo interesarán ellos mismos. En ese sentido, entienden que los trabajos de demolición en la parte no concluida de la urbanización deberían empezar de forma inmediata, mientras que, respecto a la parte completamente urbanizada, a pesar de que el TS también dictaminara su demolición, pende un recurso que admitió el TC y que se encuentra pendiente de resolver (entiendo que jurídicamente no tiene recorrido por lo que la única vía que les queda es la política y no sería la primera vez que los políticos meten sus manos en la Justicia).
Ecologistas en Acción, por último, reclama que la Junta de Extremadura debe pedir disculpas por «su nefasta y cuasiprevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias» y que, aparte de las indemnizaciones que correspondan, se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por el derribo –particularmente a El Gordo y Berrocalejo que ya habían declarado que sin Valdecañas se van a la ruina- con las medidas de compensación que se consideren adecuadas. Otro ejemplo más de cómo la Administración se salta la Ley a la torera, aunque aquí le haya salido fatal.