La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en STS 767/2026 de 30 de septiembre, confirma íntegramente una resolución previa anterior de la Audiencia Nacional, de 24.02.25, obligando a CTC Externalización a mantener la ‘Cesta de Navidad’, entendida como beneficio laboral que la plantilla disfrutaba desde 1996. Es franquismo en estado puro que los sindicatos abrazan cuando les interesa. ¡Viva la coherencia!
El sindicato USO cuestionó la eliminación unilateral de la ‘Cesta de Navidad’, un beneficio que la plantilla disfrutaba de forma ininterrumpida desde 1996, y el TS entiende ahora que, lo que arrancó como dádiva, se había convertido en un derecho laboral consolidado que no se puede suprimir, ni siquiera por su escasa cuantía económica o por las políticas del nuevo grupo de empresas. Dicha supresión vino de la integración de CTC Externalización en el Grupo Randstad que impuso sus políticas internas de grupo multinacional. El TS rechaza esos argumentos y recuerda que una empresa no puede eliminar unilateralmente un derecho laboral consolidado («debemos salir, una vez más, al paso de la equivocada idea conforme a la cual a la empresa le resulta lícito eliminar derechos de sus trabajadores siempre que no lo haga de manera sustancial sino liviana»).
La STS señala que para que un derecho adquirido sea reconocido jurídicamente no basta con que la plantilla considere que lo tiene. Es necesario acreditar que el beneficio se venía disfrutando y analizar las circunstancias concretas en que se concedía, para determinar si existía una voluntad empresarial de incorporarlo a la relación laboral. En este caso, la entrega continuada desde 1996 y las circunstancias acreditadas de su concesión permitieron demostrar que no se trataba de una mera liberalidad o de un regalo puntual, sino de una ‘condición más beneficiosa’, respaldada por abundante prueba: comunicaciones de la empresa, circulares, correos electrónicos, etc…Lo que está claro es que todo esto supone un claro incentivo negativo a la generosidad del empresario.
La STS recuerda que las políticas internas de un grupo empresarial internacional no están por encima de la legislación laboral española. Cualquier modificación o supresión de condiciones consolidadas debe ajustarse a la normativa y a los procedimientos legales españoles. USO, por su parte, recuerda que los cambios en la titularidad de la empresa, las reestructuraciones y/o la integración en multinacionales, no extinguen por sí mismos los derechos consolidados de las personas trabajadoras que deben defender los derechos adquiridos o las condiciones más beneficiosas de forma perentoria ya que cuentan con un plazo de caducidad para interponer demanda de 20 días hábiles desde la notificación formal del cambio.
Todas estas cosas son las que están hundiendo a nuestras empresas. El sindicato se merece que la empresa estas navidades les envíe unas latas de pimientos de piquillo chinas y unas velitas de incienso, con un coste similar a lo que se venían gastando, para que todos reflexionen sobre esto. O empresas y trabajadores empiezan a entenderse sin pijadas o lo llevamos claro en España.
