Con ocasión de la publicación, el pasado mes de junio, del Informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género titulado “las 1.000 víctimas mortales de la violencia machista asesinadas entre enero 2003 y abril 2019” y de la nueva y millonaria campaña contra la violencia llamada de género quiero, en primer lugar, contextualizar y dimensionar esta lacra social. En España fallecieron, en 2018, un total de 427.721 personas, según los últimos datos cerrados y publicados por el INE, de los que 211.279 fueron mujeres y 216.442 fueron hombres. Esos datos observaron la siguiente variación respecto al ejercicio precedente: +0,75% en la cifra global de fallecimientos, con una tendencia creciente en las últimas décadas en relación con el aumento de la población, y una variación por sexos de +0,47% para las mujeres y de +1,03% para los hombres.
Con esos datos y en segundo lugar, podemos observar como la muerte de esas 1.000 mujeres por violencia machista en 16 años –siendo terrible- ha supuesto, en dicho periodo, entre un 0,033% y un 0,04% de los fallecimientos femeninos en nuestro país. Esa es la dimensión real del problema en España. Podemos verlo desde otro ángulo: en 2018 fallecieron en España 14.961 personas por causas no naturales y, de ellas, 275 lo hicieron por agresión/homicidio lo que, puesto en relación con las 61 víctimas de violencia de género que se producen de media cada año en España, tenemos que esa concreta causa supone, también de media, el 22% de las muertes violentas, pero sólo el 0,4% de las muertes por causas no naturales. Todos los demás epígrafes relativos a las muertes por causas no naturales (p.e. suicidios, accidentes, tráfico…) superan con creces las cifras que ofrece la llamada violencia de género, sin embargo, se ha hecho bandera únicamente de la misma para crear un problema de dimensiones bíblicas que está generando un negocio con dinero público de la misma dimensión.
En este sentido, el propio Ministerio de Igualdad ha publicado un Estudio sobre los Costes de la Violencia de Genero en España para el Ejercicio 2016 estimando las siguientes magnitudes: el coste económico tangible de la violencia de género en España fluctúa entre el 0,11% y el 0,76% del PIB lo que supone un coste per cápita de entre 32,6 y 185,9€/año. La proyección global de esa estimación de los costes económicos tangibles de la violencia de género -los que suponen un desembolso monetario asociado y directo- se mueve entonces en una horquilla que va desde los 1.281M€ hasta los 8.540M€ anuales. Los cálculos realizados intentan englobar todos los parámetros relacionados con dicha violencia, desde el laboral (aprox. 40%), pasando la asistencia sanitaria (aprox. 30%) hasta los costes de tipo legal (aprox. 30%) aparejados a este tipo de situaciones que son soportados mayoritariamente por el sector público (entre el 57,2% y 76%). Estos cálculos puestos en relación con las denuncias contabilizadas en 2019 que ascienden a 37.200, correspondiendo 31.805 a la violencia de género (sólo mujeres) y 5.395 a la violencia domestica (hombres y mujeres), supondría un coste tangible de más de 34.000€/denuncia/año en el escenario más conservador (1.281M€) que se elevaría hasta más de 229.000€/denuncia/año en el escenario más oneroso. Cifras que ponen de relieve lo sobredimensionado del problema a todos los niveles.
Lo peor de todo es que se está utilizando el problema de la violencia de género y el terrible gasto público aparejado al mismo no para aportar soluciones sino para romper principios constitucionales como los que recoge el Art. 14 CE (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”), el Art. 17 CE (“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”) y el Art. 18 CE (“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”) propugnando reformas legales de todo tipo, particularmente las penales, que discriminan al hombre estableciendo procedimientos, exclusivos para este tipo de casos, en los que se atenta contra el derecho a la libertad, al honor y a la propia imagen del hombre por el hecho de serlo y sólo de haber sido denunciado por una mujer que, además de protección, obtiene una remuneración económica y todo ello impidiendo que prima facie se realice una comprobación siquiera somera de la virtualidad de la acusación planteada rompiendo definitivamente con la igualdad entre los españoles e imponiendo una lacerante discriminación por razón del sexo.
Claro que existe un problema con la violencia de género y con la violencia doméstica, pero debemos contextualizarlo correctamente para poder darle una solución efectiva que no va a llegar desde la discriminación del hombre porque estamos ante un problema de violencia y de educación sin más adjetivos para el que se requiere, en una primera fase, de una protección igualitaria para todas las víctimas independientemente de su sexo y de su edad; en una segunda fase, de una respuesta contundente pero también igualitaria contra el agresor que debe disfrutar de todas las garantías procesales incluida la presunción de inocencia (24 CE) …junto con una persecución de oficio de las denuncias falsas y, en una tercera fase, de un gran esfuerzo en la educación porque el estudio arroja cifras que ponen muy en entredicho ese concepto de “violencia de género” localizando el epicentro de esa violencia en el “ámbito doméstico” con cifras como las siguientes:
- El promedio de víctimas en las distintas CCAA va desde las 2,2 víctimas en el País Vasco hasta las 4,9 de las Islas Baleares por lo que o en el País Vasco son menos machos o el problema no tiene que ver con el género.
- El porcentaje de agresores españoles es del 66,4% con víctimas españolas del 65,5% en un país que sólo tiene un 15% de extranjeros (faltan casi 20 puntos porcentuales hasta el 100% en relación con las tasas de agresores y víctimas españolas que debería alcanzar con lógica poblacional el 85%) por lo que o los españoles son menos machos o el problema no tiene que ver con el género.
- Las poblaciones con mayor tasa de víctimas son las que van de los 10.000 a los 25.000 habitantes, poblaciones pequeñas (pueblos), por lo que o los hombres de las ciudades son menos machos o el problema no tiene que ver con el género.
- Los días y meses de mayor frecuencia en las agresiones son, respectivamente, los domingos y el mes de julio, los días de mayor convivencia, por lo que o suben los andrógenos con el descanso en casa o el problema no tiene que ver con el género.
En definitiva, existe un problema de violencia en el ámbito doméstico relacionado con la educación que debe ser atendido como tal sin discriminación y sin menoscabar los derechos del hombre por el hecho de serlo de acuerdo con los principios establecidos en nuestra Constitución. En consecuencia, el sambenito del “género” es otra de esas falsedades con las que se está tratando de transformar la sociedad española restringiendo los derechos primero a una mitad que ya después le tocará a la otra, dando otro paso adelante en el camino hacia la Dictablanda que no nos cansaremos de denunciar.
