El Gobierno de esta CCAA anunciaba ayer a bombo y platillo, un nuevo y más restringido aún toque de queda a las 20 horas desde hoy sábado 16.01.2021. Sin embargo, tal anuncio fue rápidamente interpelado por el Ministerio de Sanidad que indicó con claridad que tal restricción “no cabe en el actual Estado de Alarma«. La JCYL, por el patético conflicto político que asola nuestro país y que nada tiene que ver con lo sanitario (excusa para todo), en lugar de dar marcha atrás reconociendo que efectivamente la actual normativa no permite aumentar dicha restricción y proceder, en todo caso, a interesar su modificación por el cauce parlamentario correspondiente respetando el Ordenamiento Jurídico, decidió saltarse la Ley y asegurar, también a través de los medios, que mantendrían su toque de queda a las 20 horas porque «lo avalan nuestros servicios jurídicos«.
El Gobierno de esta CCAA, además, se enorgullecía de haber “ido hasta el límite de la ley” en referencia a la forzada e insustancial interpretación que hacía del toque de queda nacional establecido en las 23 horas (aunque se permita a las CCAA modular en 1 hora arriba o abajo el mismo, motivo por el que CYL lo había fijado en las 22 horas) sobre la base de un informe de sus servicios jurídicos -que comulgarían con ruedas de molino si hiciese falta- que insidiosamente retuercen el Art. 10 del RD 926/2020, de 25 de octubre, por el que nuevamente se declaró el Estado de Alarma, que reza: “la autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine”.
Entonces, la JCYL, saltándose la “previa comunicación al Ministerio de Sanidad”, extremo que ya de entrada les delata, decide tomar el rábano por las hojas y definiendo “modular” como «modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados» se atreven a concluir que dicho Art. 10 «permite que la autoridad delegada restrinja los criterios de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, buscando obtener una mejora de la situación sanitaria» cuando, lo más cierto, pendiente de la intervención del TS, es que dicho artículo, combinando con el Art. 5 del mismo cuerpo legal, que establece la limitación de la libertad de circulación de las personas “durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas” –limitación exacerbada e inconstitucional, por cierto, aunque el TC haya medido, por el momento, todos los recursos contra la misma en un cajón-, lo que en realidad permite es que las CCAA puedan suavizar o incluso levantar dicha restricción a la libertad de circulación individual, nunca para agravar la misma como ahora pretende la JCYL. ¡El mundo al revés!
Con todo eso y con el lío de Cataluña como telón de fondo, lo que yo veo en esta suerte de plante de la JCYL –que repito nada tiene que ver con lo sanitario y todo con el desgaste político que le quieren infligir al Desgobierno Comunista las CCAA controladas por el PP- es exactamente lo mismo que antes vimos con el procés en Cataluña: una CCAA que se salta a la torera la Ley porque yo lo valgo. Da igual que vinieran solicitando un confinamiento “corto pero efectivo” porque la Ley está para ser cumplida en sus estrictos términos y existen mecanismos para cambiarla empero eso de saltársela por el motivo que sea debe tener, siempre y para todos, el mismo reproche penal, máxime cuando los que se la saltan son los primeros obligados a cumplirla por participar directamente en su elaboración. Ya hemos denunciado anteriormente que la Administración es la primera que se salta la Ley y este es un buen botón de muestra. El interés político supongo que es un fuerte afrodisiaco para traspasar la Ley, como pretende ahora la JCYL, por lo que el deber de toda la sociedad civil es no permitir ninguno de estos abusos, vengan de donde vengan, porque de lo contrario y más pronto que tarde estaremos en una Dictablanda de la que será muy difícil salir.
