Los principales medios ya recogen la intención de una mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional de estimar el recurso de amparo presentado por VOX contra dos decisiones de la Mesa del Congreso (la primera, de 19.03.2020, por la que se suspendió el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas que se encontraban en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levantara dicha suspensión y la segunda, de 21.04.2021, por la que rechazó las alegaciones presentadas contra la medida anterior) –alentadas por el Sánchez y su banda frankenstein durante el primer confinamiento- reconociendo que las mismas vulneraron los derechos de los diputados a ejercer sus tareas tanto legislativas como y sobre todo de control al gobierno.
En consecuencia, establecida esa mayoría a favor de estimar dicho amparo y cuya votación previsiblemente se realizará en el próximo pleno, en breve tendremos una sentencia que considerará nulos por anticonstitucionales esos dos acuerdos de la Mesa que supusieron en la práctica entregar el Congreso al Desgobierno Comunista cercenando con ello la posibilidad de ejercer tanto la representación de todos los españoles como la función de oposición y de control del ejecutivo.
Esa próxima sentencia se sumará a la declaración de inconstitucionalidad que ya realizó el TC respecto de restricciones de Libertades y Derechos Fundamentales impuestas por el Desgobierno Comunista durante el primer confinamiento bajo un Estado de Alarma que no le autorizaba a realizar las mismas, ya que dichas restricciones hubieran requerido de la declaración de un Estado de Excepción que no interesó porque, precisamente, conllevaba un control del ejecutivo mucho más intenso por parte del Congreso. A todo esto, habrá que sumarle, previsiblemente también, la futura declaración de inconstitucionalidad de ese segundo confinamiento, el de la prórroga de seis meses del Estado de Alarma, impidiendo que las restricciones impuestas fueran controladas periódicamente por el Congreso y trasladando a las CCAA las competencias sobre las mismas.
En definitiva, que tras 18 meses, el TC reconocerá que se vulneraron los derechos de los diputados por el acuerdo de la Mesa lo que supondrá el segundo varapalo importante a las decisiones jurídicas tomadas por el Desgobierno Comunista lo que, desde la óptica del Estado de Derecho, lo sitúan al margen de la Ley y de la Constitución y, por ende, como un gobierno autoritario, liberticida y antidemocrático, en pos de una Dictablanda a su imagen y semejanza. Y la prueba más palpable es que no dimite ni convoca elecciones ni la PPSOE se lo reclama. Están todos encantados.
