Parafraseando el famoso soliloquio que William Shakespeare puso en boca de Hamlet, ese “ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, o tomar las armas contra este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?”, me viene la siguiente cuestión: ‘¿Qué es lo que tú ERE?’. Todo, a resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se otorga el amparo parcial a Magdalena Álvarez, otrora consejera de economía en la Junta de Andalucía del PSOE, frente a la condena por un delito continuado de prevaricación del 404 CP impuesta por el Tribunal Supremo. Dicha condena se sustenta en su activa participación en la elaboración, aprobación y modificación de las leyes de presupuestos de dicha CCAA de los años 2002 a 2004 en los que colaron unas ‘transferencias de financiación’ para, esquivando la normativa de subvenciones, facilitar unas ‘ayudas sociolaborales’ que acabaron beneficiando mayoritariamente a la red clientelar del PSOE y que costaron a las arcas públicas más de 800M€ en un escándalo conocido como ‘Caso ERE’. Dinero suficiente como “pa’asar una vaca”, como acertadamente apuntó la madre de uno de los condenados.
Ahora el TC, perteneciente en estos momentos a la ‘ganadería del PSOE’, hace suyos los argumentos de Magdalena que argumentó que todas esas operaciones presupuestarias no pueden considerarse resoluciones recaídas en un asunto administrativo al ser meras propuestas y, en consecuencia, ni pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación, ni tampoco pueden ser objeto de control por los jueces y tribunales. Así, la STC reconoce que “el proyecto cuyo contenido contraviene la normativa existente mientras que es proyecto no puede someterse a un juicio de legalidad -en ese momento es un acto inexistente para el Derecho- y, una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad”. El resultado: que el TC devuelve las actuaciones a la AP de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados tanto con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de la Ley de Presupuestos como las modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley para los años 2002 a 2004.
El voto particular de cuatro magistrados, sin embargo, apunta a que ese recurso de amparo debió ser desestimado porque la condena de Magdalena Álvarez no vulneró su derecho a la legalidad penal mientras que esta STC revienta los límites de la jurisdicción constitucional irrumpiendo en la esfera reservada a la jurisdicción ordinaria y suplantando las funciones del TS como máximo intérprete de la ley (ex 117.3 y 123.1 CE). Además, reflejan su desconcierto por cuanto el TC no dedica una sola línea a recoger la impecable argumentación del TS para acreditar la comisión de un delito continuado de prevaricación por la recurrente generando en una suerte de ‘Principio de Irresponsabilidad’ para todos los miembros del gobierno que los sitúa por encima de la ley y fuera tanto de la Constitución Española como del 325 TFUE generando, por tanto, un riesgo sistémico de impunidad.
Ante tamaña felonía, tenemos que volver a Hamlet que también se pregunta: “… ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? … ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la Muerte (aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan; antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? …”.
No sé lo que tú ERE, pero sí sé que, si piensas que todo el gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía de aquel entonces, a pesar de que todos sabían perfectamente dónde iban esos más de 800M€ hurtados a la Hacienda Pública, debe irse de rositas, es que tú ERE más sinvergüenza que ellos si cabe. ¡Grande el TC y más grande aún la democracia que tenemos!
