El pasado mes de julio 2025 entraba en vigor la nueva Ley de Castilla y León de Publicidad Institucional (Ley 1/2025 que modifica la original Ley 4/2009, de 28 de mayo) con tres claves: (i) establecer un límite del 33% al dinero público en los medios para garantizar su independencia; (ii) más fiscalización para saber adónde va ese dinero de la publicidad institucional y un órgano de control para CYLTV que, por cierto, acaba de recibir una subvención directa de la JCYL de 47,9M€, y (iii) exigir una cláusula ética para que los medios condenados por vulnerar derechos fundamentales y/o por delitos de odio no puedan recibir publicidad institucional.
Una modificación legal fruto de un acuerdo entre VOX, PSOE, PODEMOS y Francisco Igea que tuvo en contra al PP, a dos tránsfugas de VOX y a Por Ávila. UPL y Soria ¡Ya! se abstuvieron. El fin último es impedir que el poder pueda controlar los medios de comunicación. En este sentido, se observa como la publicidad institucional tiene un protagonismo creciente en los balances de los medios de comunicación hasta el punto de que, ahora, prescindir de ese maná supondría echar el cierre para muchos de ellos. Esa dependencia económica, sin duda, altera el mercado informativo y la forma de dar y enfocar las noticias. Asimismo, supone la cancelación o alteración de las noticias y mensajes de los partidos que no están en el poder. Muchos medios –la mayoría– se han convertido en esos ‘jornaleros del aplauso’ de los que hablaba José María García y eso es un problema grave, incluso para la falsa democracia que tenemos.
Una modificación legal que quería ponerle freno a esa tendencia de comprar a los medios a través de la publicidad institucional. Una modificación legal que persigue un mayor pluralismo político y una participación desde todos los ángulos políticos de la sociedad. Una modificación que, en definitiva, pretende que la libertad de prensa no sea una quimera. Sin embargo, los apesebrados por la publicidad institucional han reaccionado, en defensa de sus intereses económicos y en contra de la sociedad que los cobija, presentando una demanda colectiva ante el TSJ de Castilla y León donde están las 25 sociedades editoras de casi todos los medios de comunicación de las nueve provincias de la CCAA que vienen a impugnar dicha modificación argumentando que contraviene la Constitución, al invadir competencias exclusivas del Estado sobre los límites a la contratación, la igualdad y la no discriminación. Asimismo, desde ICAL –la agencia de noticias y contenidos multimedia de la JCYL– aseguran que esa modificación es “una afrenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información por la pérdida de pluralismo informativo que conlleva”.
La modificación y su finalidad parecen razonables y algo tendrá cuando a puesto de acuerdo a tanto chupóptero. Los editores, el gobierno autonómico del PP y casi todos los periodistas han saltado como resortes frente a unos cambios que deberían haber interesado ellos mismos. El Colegio de Periodistas de Castilla y León, antes de nada, denunció que dicha reforma se hiciera “sin debate con el sector”, advirtiendo que “tendría un impacto directo en la pluralidad informativa por el recorte que puede tener en las plantillas y condiciones del sector” y que podría llevar “a la desaparición de proyectos informativos provinciales e hiperlocales”, es decir, reconociendo que la publicidad institucional había convertido a muchos medios en dependientes del poder. El Consejo Consultivo de Castilla y León –al dictado de la JCYL— fue el que apuntó a las deficiencias legales de la norma –que yo no digo que no las tenga– señalando que, cinco de sus previsiones, podrían desbordar la Constitución y la Legislación Estatal Básica (LCSP y Ley Estatal de Publicidad y Comunicación Institucional), en referencia a la introducción de criterios discriminatorios en la contratación pública, al establecimiento de limitaciones económicas y a la invasión de competencias en materia laboral, particularmente, con el veto a la contratación para los medios de comunicación condenados en sentencia firme y con el límite del 33% sobre la cifra de negocio anual para la publicidad institucional.
La nueva Ley de Castilla y León de Publicidad Institucional es la prueba del algodón de la corrupción del Régimen de la PPSOE. Los medios que debieran poner coto, con sus informaciones e investigaciones, al poder político –haciendo gala de su sobrenombre de Cuarto Poder—en realidad se complacen y defienden ese dinero fácil que les llega a través de la publicidad institucional y que, lógicamente, genera un sesgo positivo hacia todo lo que viene de quien te da de comer. Todos están vendidos. Necesitamos un cambio de régimen cuanto antes mejor.
