Lo que muchos no entienden a estas alturas –esta es la prueba del algodón de nuestro sistema educativo– es que la Constitución es un baluarte jurídico frente al poder político. Por eso, el TC, además de ser el máximo intérprete de la misma, es su máximo defensor en salvaguarda de los derechos y las libertades ciudadanas que la misma consagra. De lo contrario, el poder político camparía por sus fueros sin ningún límite. Esto es lo que, lamentablemente, vemos cada vez con más asiduidad y lo que nos obliga a hablar de pseudodemocracia en lugar de democracia completa. Entre los Derechos Fundamentales que la Constitución consagra destaca el de la Tutela Judicial Efectiva, del 24 CE, que no solo proclama el “derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” sino que también indica que “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley» y a «un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”.
En abierta contradicción con todo lo anterior, encontramos que la ‘Ley Trans’ de 2023, recurrida ante el TC por el PP, lleva seis meses en un cajón a la espera de ‘mayorías mejores’ como si el TC, en lugar de un tribunal, fuera una cámara legislativa. ¡No hija, no!, que diría Ozores. No puede ser que Juan Carlos Campo, ponente de la futura sentencia y ex todo del PP, desde exministro de Justicia, pasando por exsecretario de Estado de Justicia, hasta exvocal del CGPJ –como ves, la separación de poderes es un cuento chino– la tenga guardada hasta conseguir los apoyos necesarios, en este caso, para tumbarla. El TC tiene la ovbligacuión de resolver el recurso sin dilaciones indebidas y sin esperar a nada más. ¿Cabe mayor manipulación de las reglas de juego que no celebrar el juicio? El 24 CE cuando habla del “Juez ordinario predeterminado por la ley” y del derecho a «un proceso público sin dilaciones indebidas», está hablando precisamente de que el juicio no se pueda apañar ora señalando un juez ad hoc ora esperando a unas condiciones más favorables. La deliberación sobre la Ley Trans no se puede retrasar esperando una mejor composición del tribunal para lograr el resultado perseguido ab initio, porque eso es apañar el juicio. .
Sobre el fondo del asunto no quiero pronunciarme porque la dilación indebida del proceso ya nos habla de un ‘juicio apañado’. La ponencia apuntaba a una estimación parcial donde el TC avalaría casi todos los artículos, discrepando de la autodeterminación de género (sobre todo en los cambios de sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años y en la modificación genital entre los 12 y los 16 año). No obstante, esa ponencia no convenció ni a la ganadería propia ni a la ajena y, entre todos, con Conde-Pumpido a la cabeza, decidieron no llevarla a votación y aplazar el debate sine die saltándose el 24 CE a la torera. Más allá de que la Ley Trans vaya contra la naturaleza humana, contra la Igualdad del 14 CE y desdibuje el concepto de mujer hasta hacerlo irreconocible –pronto las mascotas podrán ser mujeres si esto sigue así— lo peor de todo es el pestiño político que trasciende tanto de esa ley como de la conducta del TC. Una conducta que pone de manifiesto la inexistencia de separación de poderes en España y que hace que no podamos hablar, cabalmente, de democracia. El TC, aún estando fuera del Poder Judicial, es el tribunal más politizado de todos y teniendo la obligación constitucional de analizar y resolver el recurso presentado frente a la ‘Ley Trans’, decide aplazar sine die la deliberación del mismo presentada hace 6 meses y que debería estar resuelta hace tres meses. Cualquier otra cosa es corrupción. Una corrupción de las peores porque afecta a los derechos y libertades ciudadanas que garantiza la Constitución. ¡Las garantiza aquí y ahora!, no cuando les de la gana a los comisarios políticos de la PPSOE colocados a dedo en el TC.
Esto me recuerda que el otro día un alcalde del PP se ofendía en una tertulia radiofónica cuando uno dijo que la PPSOE había corrompido hasta la política municipal porque, a sensu contrario, no se entiende que alcaldes supuestamente limpios aguantasen la rampante corrupción de sus correligionarios. Eso es imposible ontologicamente. O todos Tirios, o todos Troyanos. Ese alcalde, convertido en minúsculo comisario político, sostenía que el 99,99% de los políticos estaban limpios. ¡No señor! Si eso fuera así, se plantarían ante atropellos como este del TC que, corrompiendo el tiempo de deliberación, corrompe también el resultado de la deliberación y la propia Constitución al conculcar el 24 CE. No se trata de amañar un resultado político dentro del TC, soslayando la Constitución Española, sino de argumentar las razones por las que esa ley o cualquier otra cabe o no dentro de los límites constitucionales al poder legislativo. Si el poder legislativo es omnímodo –como defienden muchos– entonces estamos en una dictadura como la copa de un pino. Si no quieres acabar en una dictadura, hazme caso y no votes más a la PPSOE. Va muy en serio.
