El TSJ de Castilla y León ha tumbado la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid dejando en el aire más de 2.000 expedientes sancionadores abiertos en los últimos 8 meses, con una recaudación de 682.000€. Las ZBE no van de la calidad del aire, ni de la salud de los ciudadanos. Claro que no. Van de la salud de las arcas públicas pues son otro montaje para optimizar la máquina de extracción de rentas en que los políticos han convertido a esta falsa democracia. Si lo de las ZBE no tiene un pase cuando ya te cobran el permiso de circulación –por lo menos, deberían rebajarlo en proporción a estas crecientes prohibiciones–, su instalación en ciudades como Soria que ni tienen contaminación, ni tienen el tamaño exigido para implantarlas –50.000 habitantes—acredita que esto va más de recaudación que de cualquier otra cosa. Lo de Valladolid queda en manos del Tribunal Supremo, si finalmente recurren, pero lo de Soria está en manos del Ayuntamiento: ¡si nos queréis, no implantéis la ZBE!
El artífice de esta victoria en defensa de los derechos y las libertades públicas de todos los ciudadanos, ha sido la Asociación LIBERUM, que también consiguió tumbar las ZBE de Segovia y Badajoz. El TSJCYL ha estimado su recurso al concluir que la Ordenanza Municipal no resulta conforme al Ordenamiento Jurídico. Carece del necesario ‘proyecto previo’ que recoja los criterios y requisitos exigidos para establecer una ZBE. Un proyecto que, como indica la palabra, debe ser ‘previo’ a la Ordenanza Municipal correspondiente, siguiendo el Real Decreto, de 2022, que regula las ZBE. En el caso de Valladolid, dicho proyecto previo brilla por su ausencia y el Ayuntamiento, bastante corto y perezoso, intentó colarle al tribunal que el ‘proyecto previo’ era el Plan de Movilidad Urbana Segura y Sostenible que aprobaron en el 2021, un año antes de conocerse el Real Decreto que regula las ZBE. Unos visionarios. El TSJCYL les ha mandado a freír espárragos poniendo de manifiesto la contradicción de sus argumentos: si el Plan del 21 era válido porque, entonces, aprobaron después otro nuevo proyecto para la ZBE modificando de forma sustancial el primero. Y porqué ninguno de los dos se aprobó como ‘proyecto previo’ a la Ordenanza, como exige la normativa, aprobándose el segundo simultáneamente con la misma. Blanco y en botella. Anulación al canto.
A pesar de que la sentencia anulatoria de la ZBE es clara y tajante –tanto que le impone las costas al Ayuntamiento– el concejal de Tráfico de pucela no lo ve igual. Interpreta que la anulación se centra en una cuestión formal y que no entra en el fondo del asunto por lo que su percepción sigue siendo la misma que tenía antes de la sentencia anulatoria: las sanciones ya impuestas son firmes y no piensa devolver ni un euro. Ítem más, avisa de que la ZBE tardará todavía un tiempo en dejar de multar. ¡Óle, óle y olé! Esta es la fatuidad y el desprecio de los políticos gubernamentales hacia el mermado estado de derecho. Abusos continuos que hay que denunciar continuamente. En ello no hay reiteración, porque se trata de abusos nuevos que se cometen casi a diario. Algunos no podemos callar cuando leemos estas tropelías en los periódicos, aunque allí muchas veces el enfoque sea distinto y más contemplativo. De esto va el pluralismo y la participación política que no siempre se respeta: de argumentaciones diferentes para que la opinión pública pueda formar, con criterio, la suya propia. Lo cierto y verdad es que tenemos unos politiquillos gobernando sin sujetarse ni a la Ley ni a la Constitución, ni en Soria ni en ninguna parte, y los ciudadanos tiene que elegir entre contemplarlos –pobrecitos—o reaccionar ante estos abusos para que no sigan en aumento. Es una responsabilidad de todos que solo practicamos algunos. Estos Abusos ya solo se pueden combatir con el voto porque a los politiquillos, como puedes ver, no les da la gana sujetarse a los límites marcados en el Ordenamiento Jurídico que ellos mismos confeccionan. ¡Joder qué tropa!
