Los bancos, no contentos con su oligopolio auspiciado por la PPSOE, están metidos hasta en la sopa en nuestro tejido productivo no solo a través de la actividad que les es propia, sino también a través de negocios que no pertenecen a su ámbito de actuación y que desarrollan desde el propio banco –como vender aparatos de todo tipo–y de participaciones en sociedades que operan en los diversos sectores económicos. La noticia que provoca este comentario y reflexión es una que dice ‘El Santander pone en marcha otra filial para comprar todo tipo de buques y alquilarlos’.
Las participaciones en sociedades no es algo nuevo. El Banco de Santander ahora pone en marcha Naviera Zaballa que se suma a Se une a otras navieras participadas como Mirambel, Transgas, Transcantábrica y Tramschen. No obstante, solo las dos últimas compañías tienen forma de sociedad limitada porque tanto la nueva como esas dos primeras de la lista se enmarcan dentro de una AIE (Agrupación de Interés Económico) que utilizan para comprar todo tipo de naves y alquilarlas en el mercado tanto del ocio como de las mercancías. Concretamente, Naviera Zaballa explotará los buques que adquiera en régimen de arrendamiento, con o sin opción de compra y está participada por la división bancaria en España y por otra de sus filiales para la tenencia de participaciones en otras empresas, Gestión de Inversiones JLT, representada por dos administradores mancomunados, Juan Carlos Castro Rico y Miguel Sueiro Seoane, como tantas otras filiales.
Lo curioso es que insistan en la AIE pensadas para financiar proyectos de I+D+I y que, por eso, permiten deducciones fiscales a sus socios por las cantidades invertidas. Esas ‘inversiones’ llevan, por mor de los incentivos fiscales aparejados, a obtener ‘rentabilidades fiscales’ por encima del 20% del dinero depositado. El lado oscuro es que como se trata de una utilización espuria de la normativa –un fraude de ley en toda regla– esas compañías asiduamente no suelen vivir más de dos años tras su constitución para esquivar tanto a la AEAT como a la Justicia emulando a las compañías que se usan para otras estafas fiscales como las ‘ruletas del IVA’ o el fraude con los hidrocarburos.
Un fraude fiscal que, por lo que se ve, a los bancos sí que se les permite, a pesar de que la Comisión Europea declarara ilegales, en 2013, las ventajas fiscales obtenidas en este tipo de operaciones e instara a España a exigir las ventajas logradas a sus beneficiarios. El TJUE, en 2023, fue más lejos y señaló también como beneficiario al propio Estado Miembro que lo permite, haciendo que la AN anulara las resoluciones dictadas por el TEAC.
Más allá de los tecnicismos fiscales y mercantiles, la reflexión que lanzo hoy es doble: por una parte, me pregunto si es lícito, en una sociedad que dice querer respetar la competencia y el libre mercado, que los bancos, ya beneficiados por el privilegio que supone el oligopolio bancario, puedan además entrar en otros sectores de forma ilimitada distorsionando la competencia, porque su interés en ciertas compañías, les llevará, lógicamente, a restringir la financiación a la competencia. Por otra, me pregunto si es lícito que un banco, a pesar de sus privilegios, pueda también hacerle la competencia a autónomos y pymes de otros sectores realizando ventas cruzadas de productos o servicios que no pertenecen a su objeto social principal. Creo que si queremos respetar nuestros mercados necesitamos una Ley que ponga límites claros a la actividad económica de los bancos que, ahora mismo, abusan de su posición dominante, distorsionan la libre competencia y realizan un ejercicio de intrusismo profesional como no existe otro en España. Aquí es donde necesitamos a unos políticos que ahora se dedican solo a favorecerlos. Dale una vuelta.
