Los Estados como cualquier otra persona jurídica compiten en el mercado global. Su éxito depende de su nivel de preparación y de su genio. Por eso resulta relevante el estudio realizado periódicamente por la Tax Foundation bajo el nombre de Índice de Competitividad Fiscal Internacional del que en España se hace eco el IEE (Instituto de Estudios Económicos). Dicho estudio nos sitúa en el puesto 34 de los 38 países que forman la OCDE. Cosechamos 57,9 puntos sobre los 100 posibles, 11,5 puntos por debajo de la media UE y 12,2 puntos por debajo de la media OCDE. Lo peor de todo es que España pierde 5 puestos desde 2018 y mantiene una presión fiscal un 17% por encima de la media UE y un 18% superior a la media OCDE. ¡Un desastre, vamos!
Esos datos nefastos nos dejan fuera de juego a la hora de atraer inversión, talento y actividad económica. La fiscalidad empresarial representa –con datos de 2024– el 33,9% de toda la recaudación, con una presión fiscal desmadrada, respecto a la UE, en el periodo 2018-2024. Y no es el único coste empresarial. Las compañías deben soportar también el peso creciente de las cotizaciones sociales, del absentismo, de la energía, de la burocracia, etc.. que, sumados, destrozan la competitividad de cualquier producto fabricado en España.
A mayor abundamiento, el IEE también apuntó, en un informe sobre infraestructuras del pasado mes de marzo, que España presenta un déficit de 55.000M€ de inversión en infraestructuras, advirtiendo que la brecha con Europa es de 19.000M€ anuales, un 1,4% del PIB. En 2007, esa inversión alcanzaba los 28.000M€ (2,4% del PIB), mientras que ahora no llega a los 13.000M€ (1% del PIB), pese a que el PIB ha crecido un 20% en la última década y la recaudación tributaria se ha disparado por encima del 30%. Esa falta de mantenimiento e inversión –mientras se tira el dinero en gilipolleces– es otro factor negativo para nuestra competitividad, amén de poner en peligro a millones de españoles.
A todo esto, hay que añadirle la creciente maraña normativa y burocrática que también nos aleja de la UE: las empresas españolas necesitan dedicar una mediana de 150 horas anuales para preparar, presentar y pagar impuestos, frente a las 113 de la UE y las 92 de la OCDE. Existe, pues, un sobrecoste regulatorio que afecta especialmente a las pymes que son el 90% de nuestro tejido productivo,, ahondando en la pérdida de competitividad de la que estamos hablando.
El IEE advierte, para terminar, que la propuesta de elevar al 21% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes, puede dificultar aún más la venta de servicios de hostelería, dentro y fuera de España, comprometiendo a un sector que supone el 12,6% del PIB con 2,8M de empleos y 68.400M€ en ventas (datos del 2024), ante la creciente competencia de otros destinos como Grecia, Italia, Croacia o Turquía.
En definitiva, que los informes que ofrece el IEE ponen de manifiesto que España necesita recuperar competitividad y que todos los palos en las ruedas vienen de un Ejecutivo que solo piensa en recaudar ahora sin poner las bases para que eso sea posible de forma equilibrada y sostenible. Las reformas legislativas para reducir tanto el coste regulatorio como el coste fiscal, amén de perseguir un aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, no llegan y eso nos hace perder competitividad desde el Estado, comprometiendo el crecimiento económico y el mantenimiento del empleo. Tenemos unos de los peores sistemas del mundo y tú sigues votando a la PPSOE. Háztelo mirar.
