El Ayuntamiento de Málaga puso en vigor, a finales de 2025, su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cosechando unas 12.000 multas desde entonces. ¡No está nada mal! La calidad del aire no mejora, pero sí lo hacen las arcas municipales. Algo es algo. Imponían sanciones únicamente a turismos y motocicletas sin distintivo ambiental procedentes de otros municipios (lo controlaban a través del IVTM). No obstante, tenían prevista su ampliación, a partir del 30.11.26, a los vehículos con etiqueta B, siempre procedentes de otros municipios. ¡Se conoce que la calidad del aire viene por barrios!
Todo ese tinglado restrictivo y sancionador del Ayuntamiento de Málaga se cae ahora porque el TSJ de Andalucía (TSJA) anula parcialmente la Ordenanza Municipal de la ZBE por discriminatoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA destaca como la diferenciación entre vehículos domiciliados en la ciudad y fuera de ella afecta a la libre circulación, a la libertad de empresa y a la unidad de mercado. Lo hace siguiendo uno de los argumentos del grupo municipal Vox que señaló en su recurso como la Ordenanza vulneraba el principio de libertad económica por la «absoluta discriminación entre los habitantes de la ciudad con los de otros municipios«. Discriminación de acceso que se extendía a los establecimientos radicados dentro de la ZBE, respecto a los ubicados fuera, aunque dentro del mismo municipio.
El Ayuntamiento parece aceptar la resolución del TSJA, pero se resiste a devolver las multas. ¡Así son de majos! El TSJA le pasó a limpio que las ordenanzas de movilidad, como la ZBE, no pueden discriminar entre residentes y no residentes porque eso «plantea un conflicto jurídico entre el principio de libertad económica (libre empresa), la unidad de mercado y la autonomía local para gestionar el tráfico y el medio ambiente«. En ese sentido, el TSJA recordó que la jurisprudencia del TS ya determinó que «el mero empadronamiento no puede ser el único criterio para establecer bonificaciones en tasas o privilegios de circulación”, exigiendo que las ordenanzas «que discriminan a no residentes –o a empresas no radicadas en el municipio– han de contar con una justificación técnica proporcionada, ambientalmente imperiosa y no discriminatoria”.
El TSJA, en este caso concreto, señala que «el requisito de la domiciliación en Málaga del vehículo para poder circular por la ciudad, aún cuando aquél carezca de etiqueta ambiental, según la doctrina jurisprudencial expuesta, afecta a la libre circulación de mercancías y personas, vulnerando el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado; sin que conste una justificación técnica proporcionada”. Por lo tanto, estima ese motivo de impugnación y anula parcialmente la Ordenanza dejando sin efecto el Título II, Capítulo I, de la misma. Rechaza el resto de las alegaciones de Vox, reconociendo que cumplió con los requisitos legales de elaboración y aprobación de la ZBE, y que contaba con la justificación suficiente en línea con las exigencias jurisprudenciales (rechaza la necesidad de un informe acerca del impacto sobre las familias y da por bueno el informe medioambiental presentado).
Lo más cierto es que las ZBE se han convertido en zonas de restricción para los ciudadanos y de caza para las Administraciones. Su justificación medioambiental brilla por su ausencia y los tribunales tratan de integrar su mantenimiento en un ejercicio pro administración en lugar de pro ciudadanía. En cualquier caso, la discriminación implícita en la Ordenanza de Málaga Capital es tan grosera que no la han podido pasar. Eso sí le dejan abierta la puerta al Ayuntamiento para su reforma y continuidad. Por eso, el Ayuntamiento de Málaga anuncia que la deja en suspenso temporalmente. En poco tiempo los ciudadanos de Málaga volverán a sufrir una ZBE.
En cualquier caso, es imprescindible luchar por los derechos y libertades ciudadanas combatiendo cualquier restricción. Que la Administración tenga que pasar el filtro de la Justicia cuando crea nuevas restricciones o impuestos es el único medio que tienen los ciudadanos para compeler a los gobiernos a cumplir la Ley. De lo contrario, se vendrían arriba y harían lo que quisieran. Lo que está claro es que ya no podemos creer a una Administración que ha dado innumerables muestras de que no administra a favor de los ciudadanos, sino a favor de sus propios intereses.
