Con la desescalada se abre también la veda para la persecución al Desgobierno Comunista por su nefasta gestión en busca de que los tribunales establezcan una responsabilidad pecuniaria de la Administración. Varios sindicatos ya han realizado denuncias al respecto, la semana pasada se presentaron querellas contra Sanchinflas y varios de sus ministros y ya están en marcha los colectivos de víctimas de la pandemia.
Siguiendo la vía abierta por el Caso de la Colza estos colectivos están evitando la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo (continuan los aforamientos que nosecuántos partidos se comprometieron a quitar) optando por perseguir en vía penal ordinaria, a través de los Juzgados de Instrucción, a los funcionarios que consideran responsables para que su condena derive en una responsabilidad civil subsidiaria de la Administración que asegure la indemnización de todos esos daños por parte del Estado. En el terrible Caso de la Colza (350 fallecidos y miles de damnificados) fueron condenados penalmente dos funcionarios públicos (el director del Laboratorio Central de Aduanas y el responsable de importaciones de la Dirección General de Política Arancelaria) y se condenó a la Administración al pago de las indemnizaciones porque la Justicia consideró que el Estado era responsable civil subsidiario, tras el incumplimiento previo de ambos funcionarios como deudores principales a raíz de un Auto de la AN, de 14.04.1998, que declaró su insolvencia.
En este sentido, la pasada semana se presentó una querella –pendiente de admisión- en los Juzgados de Madrid contra el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón (funcionario de la Administración que no cuenta con aforamiento) imputándole un presunto delito de homicidio imprudente y otro de falsedad documental por su actuación en el marco de la gestión de la crisis por el COVID-19.
Ahora, en un escenario que ya supera los 40.000 fallecidos reales por el COVID-19 –que aún no ha terminado- la querella señala la responsabilidad de Simón “por, cuando menos, imprudencia grave, si no mediante dolo eventual, dada la especialísima posición de garante del querellado que supone el puesto laboral que ocupa desde 2012«. El mismo, como Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, lleva ofreciendo una serie de ruedas de prensa diarias -a partir de la querella se reducen a los días laborables- facilitando «una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a toda la población que el impacto de la covid-19 en nuestro país sería mínimo«. Estamos realmente ante una pandemia de la Administración que, con su nula gestión, ha permitido la evolución del COVID-19 a pesar de los innumerables avisos de la OMS y de distintos países en los foros internacionales; ha desprotegido a los colectivos más vulnerables haciendo que la enfermedad se cebara con ellos y ha reventado la economía de millones de personas con un confinamiento fruto de la incapacidad de la administración sanitaria. Luego, que son culpables está muy claro, ahora veremos si también son responsables.