Una reciente Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 22 de Madrid ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus asociados, anulando una sanción impuesta en su día por el Jefe provincial de Tráfico de Segovia y consistente en una multa de 300€ más la pérdida de 2 puntos del carnet por un supuesto exceso de velocidad detectado por un radar fijo. El juez, sin embargo, considera ahora que, al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado, no puede garantizarse el correcto funcionamiento de dicho dispositivo. Además, le impone las Costas a la DGT (400€).
Los hechos enjuiciados tuvieron origen en la Denuncia realizada en 2019 por el radar que la DGT tiene situado en el kilómetro 59,2 de la N-VI, un radar que ostenta el récord de actividad en España (55.119 denuncias al año). El fundamento de la impugnación por parte de la AEA radicó en cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba “el correcto estado del soporte del mismo” ya que, como oportunamente recoge la Sentencia (FD1º), “en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina”.
La DGT se ha convertido en un mecanismo de recaudación paralelo a la AEAT en todo, incluidos los abusos que la maquinaria administrativa impone a todos los ciudadanos regularmente, y dispone en la actualidad de 2.300 radares cuyo número no para de aumentar para hacer crecer el negocio, muchos sin señalizar convenientemente –como prometieron- y otros señalizados de forma y manera que favorezca su función exclusivamente recaudadora (de ahí los incrementos exponenciales en algunos de esos dispositivos y su instalación mayoritaria en las vías más rápidas y seguras) consiguiendo unos números increíbles en 2019: 4,6M de denuncias y una recaudación aproximada de 500M€. El supuesto objetivo de incrementar la seguridad del tráfico y de reducir los accidentes directamente se ha abandonado.
En definitiva, una buena noticia por partida doble: existen jueces de lo contencioso decididos a que la DGT cumpla con la normativa que ella misma genera y existen nuevos argumentos para detener la caza de ciudadanos por parte de los radares fijos.