El Juzgado de Instrucción Nº 9 de Valencia acaba de dictar el Auto de Apertura del Juicio Oral en el conocido como “Caso Alquería” contra el expresidente de la Diputación (actual alcalde de Onteniente tras tener que abandonar el PSPV-PSOE y volver a ganar las Municipales de 2019 por mayoría absoluta), dos exgerentes de la empresa pública DIVALTERRA (antigua IMELSA), el que fuera su jefe de gabinete, un asesor y otras 10 personas a los que el Juez Instructor les imputa delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial, por la contratación irregular, como directivos, de siete personas en noviembre de 2015 para dicha empresa.
La Fiscalía Anticorrupción pide en su Escrito de Acusación hasta 8 años de cárcel para los principales encausados por diseñar «un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos políticos PSPV y Compromís» dado que esos puestos se asignaban a dedo «en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública» con unos sueldos de 54.000€/año (70.000€ de coste) que supusieron un quebranto para las arcas públicas de 1,12M€ «para favorecer intereses personales y de partido y en contra del interés empresarial y de gestión. Así, se explica que se separaron artificiosamente en dos áreas para contratar a dichas personas como altos directivos duplicando el gasto público, cuando dichas funciones se desarrollaban por un coordinador de la empresa«.
El Juez Instructor destaca además como dichas contrataciones se realizaron en contra de las recomendaciones de los informes técnicos emitidos tanto por el auditor interno como por la Intervención del Estado porque su “única motivación en su contratación es la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan” modificando, en 2016, la clasificación de DIVALTERRA al Grupo I de las empresas del Estado para poder así crear puestos de alta dirección. Los acusados, sin embargo, defienden su inocencia reconociendo que pudo haber “irregularidades administrativas” empero rechazan la imputación del MF indicando que «ni el juez ni el fiscal han atendido nuestras explicaciones. Han mantenido el mismo relato desde el principio«.
Lo que resulta increíble es que, tras las condenas por la financiación del PPCV en esta misma CCAA, sean ahora los partidos de la entonces oposición, PSPV-PSOE y Compromís, los que ahora retomen las riendas de la corrupción y vuelvan a ser imputados, en definitiva, por corrupción política lo que siempre se traduce en malversación de caudales públicos poniendo de manifiesto, una vez más, que los excesivos impuestos alimentan un Sector Público que, en este país, es la madre de todas las corruptelas por dos motivos: primero, porque los dos grandes partidos políticos, los que están en todas las salsas, el PP y el PSOE –lo que hemos denominado aquí PPSOE- son exactamente igual de corruptos –sólo se diferencian en los resultados- y allí donde exista dinero público si gobiernan ellos podemos estar seguros de que habrá, en mayor o menor medida, corrupción y, segundo, porque agitando la bandera de la confrontación –la de las dos Españas- consiguen establecer un turno letal para la sociedad civil ya que gobierne quien gobierne, de uno u otro modo, roban sin solución de continuidad. A esto hay que sumarle un electorado que como en el caso de Onteniente está dispuesto a votar a los suyos por muy corruptos que sean –por la polarización que generan- con lo que estamos ante un problema muy difícil de resolver.
La solución pasa, en lo político, por no votar por ningún motivo ni al PP ni al PSOE ni a ninguna persona/partido de la que se tenga siquiera sospechas de corrupción y, en lo judicial, por una respuesta firme contra cualquier corrupto siempre que se demuestre que lo es, claro está, por lo que esa solicitud de hasta 8 años, por crear y usar cargos para situar a personas del partido, de concretarse pueden resultar muy ejemplificativas si además se acompañan, como RC por el delito, de la devolución de todo el quebranto producido más los intereses correspondientes.