La Fiscalía de Seguridad Vial acaba de presentar un estudio preliminar sobre la siniestralidad en España en el que pone el dedo en la llaga al asegurar «que el 30% de los accidentes de tráfico que se producen son consecuencia del mal estado de las vías» destacando como «el estado de las vías es responsabilidad de todos, de las administraciones y de los ciudadanos. Y de que, aunque el Código Penal ya persigue esas conductas, este debe ser el último recurso». En este sentido, anuncia que promoverá acciones para perseguir a los que sean responsables de ese mal estado que crea un peligro real para los ciudadanos. En concreto, refiere como el 385 CP –cuya aplicación hasta el momento es residual con 45 escritos de acusación y 44 condenas en 2021- recoge penas de prisión de seis meses a dos años; o multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días si se origina un grave riesgo para la circulación bien «colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro método» bien «no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya que hacerlo».
Sobre este mismo asunto, un segundo informe llamado “Necesidades de Inversión en Conservación” de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que ha auditado 100.000 km de carreteras de los 660.000 km que suma la red española de vías (165.445 km de carreteras de las que 26.466 km son del Estado, 71.205 km de las CCAA y 67.774 km de las Diputaciones mientras los Ayuntamientos gestionan otros 489.698 km de otras vías), en el que destaca como uno de cada 10 kilómetros está defectuoso provocando 1.200M€ de gasto extra de combustibles y requiriendo de 7.500M€ para arreglar los baches, la señalización, el balizamiento y las barreras (sobre un valor total estimado de 215.000M€). Todo ello ha supuesto que la calificación media sea de «deficiente» para la red viaria española, a escasos puntos del «muy deficiente», cuando además esa falta del mantenimiento correcto se ha viso agravada desde la pandemia con amplios recortes (hasta del 76%) en materia de conservación y seguridad vial.
Mientras observamos cómo actúa la Fiscalía contra la Administración, los conductores usuarios de la vía no lo tendrán tan fácil porque partimos de que el conductor es responsable de los daños que ocasione con su vehículo por lo que todo pivotará sobre la prueba que pueda practicar para demostrar que el accidente fue provocado por causas ajenas a la conducción (p.e. socavones, escasa iluminación, parches, baches pronunciados, curvas mal peraltadas, objetos extraños que ocupan la vía, etc…) y la causalidad entre el mismo, el mal estado de la carretera y los perjuicios causados. Lo más importante, pues, será acumular pruebas fotográficas, testificales, etc… por lo que será muy importante disponer de un atestado policial y de los informes sanitarios correspondientes sin perjuicio de una pericial para reconstruir el accidente y sus causas para poder luego reclamar a la Administración normalmente con el apoyo de tú póliza de seguro a través de la garantía de defensa jurídica que, normalmente, te permite la elección libre de abogado que decidirá sobre la mejor vía para hacerlo: la contencioso-administrativa o la penal que está ahora abriendo la Fiscalía de Seguridad Vial.
Frente a todo esto, la DGT sigue poniendo el foco en la recaudación incidiendo en otros problemas como el consumo de alcohol y drogas o la velocidad cuando con la inversión adecuada y de una forma objetiva se podría eliminar ese 30% de accidentes. Otro cuento de la Administración.