Mientras se tramita el Proyecto de Ley de la nueva Ley del Deporte, LA LIGA ha decidido tomar cartas en el asunto no para intentar mejorar la competición profesional que dirige sino para intentar bloquear la participación de los clubes españoles en la futura Superliga de Fútbol, impulsada tanto por el Real Madrid como por el Barcelona, que está pendiente de la resolución del TJUE anunciada para finales de este año o principios de 2023.
Así, el próximo 27.10.2022, está convocada una Asamblea Extraordinaria de LA LIGA en la que se amenaza con un cierre patronal para la jornada del 28.10.22 con el fin de introducir varias enmiendas a esa nueva Ley del Deporte que bajo la excusa de asegurar la seguridad jurídica de los clubes que forman parte de la misma quiere bloquear la salida de cualquiera de ellos hacia nuevas competiciones como la Superliga para salvaguardar sus derechos comerciales.
En este sentido, persiguen que el Art. 74 LD determine que la potestad disciplinaria se ejercerá por parte de LA LIGA o la Federación (RFEF) en función de que el equipo o el jugador pertenezca a una u otra para poder así dirigirse contra los equipos/presidentes que no sigan sus directrices, para poder así aplicarles el 76.2 LD que considera infracción muy grave “la organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, sin la reglamentaria autorización” lo que supondría dejar fuera de los campeonatos nacionales españoles a los clubes que quisieran militar en esa Superliga al dejarles sin licencia federativa para competir en España, algo a lo que el gobierno se opone en tanto en cuanto no se pronuncie el TJUE.
Por otro lado, los clubes profesionales también pretenden que en cada ocasión que la RFEF haga un cambio en sus Estatutos que afecte a LA LIGA, se realice un informe previo vinculante por su parte con el visto bueno del CSD. Además, en cuanto a los derechos comerciales, los clubes profesionales solicitan que LA LIGA tenga la potestad sobre todos los derechos comerciales de la competición, incluidos los audiovisuales, siguiendo la habilitación dada por el Real Decreto-ley 5/2015, de venta centralizada de los derechos audiovisuales de La Liga de 2015, en el que se establece la obligación de ceder las facultades de su comercialización conjunta a las entidades organizadoras, esto es, a LA LIGA, para los campeonatos Nacionales de Liga de Primera y Segunda División, y a la RFEF respecto de la Copa de S.M. el Rey y la Supercopa de España.
El lío se ha producido tras la retirada por parte del PP de las enmiendas que tenía pactadas, con conocimiento tanto del Ministerio como del CSD, para bloquear la participación de clubes españoles en la Superliga lo que supone que, de seguir adelante el texto de la nueva Ley del Deporte, los órganos tanto de LA LIGA como de la RFEF no tendrán autoridad para retirar las licencias a aquellos clubes que decidan jugar en otras competiciones lo que sin duda incidiría tanto en los derechos televisivos del conjunto de clubes profesionales así como de ambos organismos así como también en el acuerdo firmado hace poco con el fondo CVC, toda vez que todo el mundo sabe que los partidos con valor son únicamente los que enfrentan a los clubes normales con los grandes clubes, sobre todo con Real Madrid y Barcelona, siendo el resto una filfa.
Aquí ya nos hemos postulado a favor de la Superliga porque LA LIGA, en realidad, está haciendo ya exactamente lo mismo que lo que la Superliga pretende hacer: organizar un club cerrado o abierto de clubes selectos, en el caso español profesionales, para los que se han organizado dos competiciones (LaLiga Santander y LaLiga Smartbank) al margen de la RFEF, relegando al resto de clubes a un discreto tercer plano. La Superliga busca la supervivencia económica de los grandes clubes que son los que generan el espectáculo y el dinero y que, lógicamente, quieren gobernar su destino y ser libres al margen de esas administraciones llamadas RFEF, UEFA y FIFA. Lo más cierto es que, con honrosas excepciones, el espectáculo del futbol comienza con las eliminatorias de la Champions y que las competiciones nacionales están dominadas por los clubes más poderosos económicamente sin que el resto tenga oportunidad alguna de ganar. A esto debemos añadir que existe algo que en la UE se considera aún valioso: la libertad de empresa, que es precisamente lo que LA LIGA y la RFEF quieren para sí, pero niegan a los demás. El resto son cuentos.
La otra cara de la moneda, la otra forma de encarar este problema sería la de establecer un tope presupuestario para cada deporte y categoría (como ya ocurre, p.e., en la F1, en la NBA o en la Premiership inglesa de Rugby) para que todos sus componentes pudieran competir en régimen de igualdad lo que redundaría a favor del espectáculo y permitiría, a un tiempo, acondicionar dichos presupuestos a la realidad económica y sacar el dinero público del deporte profesional. Reflexiónelo.