La Ley por el Derecho a la Vivienda, en fase de proyecto, establecerá el marco legislativo de derechos y deberes para los que participen en ese mercado empero también pretende controlar las tensiones de precios en el mismo, regulando las rentas de alquiler en las zonas declaradas como de ‘precio tensionado’, así como las políticas de desahucio y lanzamiento, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Dicha regulación, por tanto, va a afectar al valor de venta de los inmuebles porque el valor de una vivienda alquilada está directamente relacionado con la rentabilidad que del mismo se puede obtener. Esa afectación será particularmente intensa en las llamadas «zonas de mercado residencial tensionado» (ZMRT), que quedarán delimitadas por la norma, y con la distinción que se hará en función de si el propietario del inmueble es un “gran tenedor” o no (a lo que se quiere imponer obligaciones adicionales como la de ofrecer una solución habitacional a ciertos inquilinos), lo que a buen seguro afectará al tratamiento de los contratos de arrendamiento de unos y otros y, seguramente, terminará por romper el marco nacional homogéneo que tenemos ahora de contratos y rentas. Está claro que la entrada en vigor de esta nueva Ley de Derecho a la Vivienda alterará el valor de mercado de los distintos activos porque, a partir de entonces, el valor de dos viviendas similares, en la misma zona, pero una dentro y la otra fuera de una ZMRT, condicionará las expectativas de duración y de renta de sus respectivos contratos de alquiler, generando flujos de caja diferentes, en tanto en cuanto se mantenga la vigencia de la declaración de mercado tensionado para cualquiera de ellas. El ministerio (MITMA) ya está empezando a publicar los primeros índices públicos de rentas de alquiler.
Otro problema que presenta este Proyecto de Ley es la obligación de información «completa, objetiva y veraz» sobre la identidad del arrendador/vendedor, el precio, las condiciones de pago, las superficies, la antigüedad, las reformas efectuadas, los servicios e instalaciones de que dispone, el Certificado de Eficiencia Energética, las condiciones de accesibilidad, el estado de ocupación, las características registrales (identificación y cargas) y «cualquier otra información que pueda ser relevante para la persona interesada en la compra o arrendamiento de la vivienda, incluyendo los aspectos de carácter territorial, urbanístico, físico-técnico, de protección patrimonial, o administrativo relacionados con la misma«. Obligación que se impone a los propietarios, promotores, agentes inmobiliarios y administradores de fincas y que se debe facilitar por escrito respecto de cualquier vivienda que se oferte en alquiler o venta y que más que promover la transparencia supone una Due Diligence de la vivienda que afectará a la oferta de este tipo de activos y a su precio, pues se requiere al margen de la Tasación.
Se trata, en definitiva, de otra norma intervencionista que no da nada que el Mercado no tenga ya pero que ahora se impone con una redacción subjetivista sobre cuándo a alguien se le puede considerar interesado para que pueda exigir tal nivel de información y datos personales que quedarán luego bien sin la protección de la Agencia de Protección de Datos o bien impondrán a su receptor un deber de confidencialidad y de responsabilidad sobre los mismos. Complicaciones, burocracia e intervención en el mercado que a buen seguro se saldará con una mayor rigidez en la oferta y una subida de precios, justo lo que dicen querer solucionar.
¿Por qué el MITMA no suscribe un acuerdo con las Sociedades de Tasación para hacer pública la información del mercado inmobiliario en aras de la transparencia y se ocupa de bajar el arancel de notarios y registradores, de limitar el ITPyAJD, el IVA y el IBI relacionado con los inmuebles mientras permite desarrollar más suelo para que la iniciativa privada se encargue de aumentar la oferta de vivienda a precios competitivos? Pues muy sencillo, porque no combaten la tensión en los precios, sino que pretenden limitar la propiedad y controlar un mercado para sus juegos políticos. Otro cuento más.
