Los primeros 20 casos de responsabilidad patrimonial del Estado por los cierres de negocios a raíz del confinamiento impuesto gracias a los sucesivos Estados de Alarma declarados inconstitucionales ya han llegado al TS con peticiones millonarias en los más de 9.000 expedientes abiertos. Veremos cuál es la solución que adopta el TS, después de que el TC dejara la puerta abierta a estas reclamaciones de daños y perjuicios, fijando la jurisprudencia aplicable a este tipo de casos que tienen un fondo común pero tanta variedad como sectores económicos. Otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar esos daños serán las ayudas efectivamente recibidas en cada uno de ellos respecto del montante económico de cada caso concreto.
La Abogacía del Estado parece apostar por la causa de fuerza mayor de la pandemia mundial para intentar eximir al Estado del pago de cualquier compensación porque, a su decir, se tomaron las medidas que se consideraron adecuadas con la información que se tenía en ese momento, por lo que no se podrán exigir responsabilidades en base a lo sabido años después, sino en ese momento. Lo más cierto, no obstante, es que el gobierno no atendió como debería haberlo hecho las muchas advertencias que, desde distintas instituciones, particularmente desde la OMS, se emitieron muchos meses antes acerca del problemón que ya se constataba en 2019 en China y, en consecuencia, ni hizo ninguna previsión al respecto ni tomó ninguna medida hasta el consabido cerrojazo decretado con fecha 14.03.2020.
Los demandantes, por su parte, se agarran al 3.2 LOEAES (Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, LO 4/1981) que regula dicho Estado de Alarma señalando que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos adoptados durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes». Parece claro, pero ya hemos visto otros casos donde el viento jurídico se lo llevó todo. Un caso a seguir fruto de la resaca del creciente autoritarismo.