El problema de la okupación continua gracias a un gobierno que no hace nada por solucionar los problemas a los ciudadanos y ha tenido que ser la junta de magistrados de las secciones penales de la AP de Barcelona la que alcance un acuerdo, de fecha 07.03.2025, para no subsumir en el tipo del delito de coacciones el corte de luz y agua que los propietarios accionan al ver ocupada su casa y por el que hasta ahora les perseguían sin que nadie antes se dignara a proteger su derecho de propiedad constitucionalmente reconocido (33 CE).
Frente a la injusticia que supone, además de tener la casa okupada, tener que seguir pagando los suministros y muchas veces la hipoteca, el acuerdo alcanzado supone que «en caso de que el titular de una finca ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones«. Un acuerdo que solo “se comprometen a aplicar los jueces de Barcelona y los de Gerona, que también adoptaron una decisión similar el pasado mes de noviembre«, pero que supone, aunque no alcanza aún al fenómeno conocido como ‘inquiokupación’, un importante precedente que puede ser con el tiempo imitado en el resto de los partidos judiciales de España.
Un acuerdo que solo afecta a los “casos de allanamiento, es decir, del okupa de patada en la puerta, pero no de los casos de inquiokupación en los que hay un contrato de por medio y, de repente, el inquilino deja de pagar«. En este último caso, los propietarios que no deseen arriesgarse a verse investigados en una causa penal por coacciones tendrán que seguir pagando los suministros de sus inquiokupas si están a su nombre. Un problema creciente que habrá que atacar porque el propietario no es el culpable de las ruinosas políticas que pone en marcha el gobierno de turno de la PPSOE que son las que están acabando con el poder adquisitivo de la clase media y trabajadora y las que, en el fondo, provocan este problema.
IDEALISTA comercializa más de 20.000 inmuebles con okupas dentro, por lo que se trata de un fenómeno más que preocupante. El decreto anti desahucios del Gobierno solo viene a agravar ese problema y, por eso mismo, los jueces tratan de mitigarlo con esa ‘jurisprudencia menor’ que no deja de ser un parche en la defensa del derecho de propiedad que, no nos engañemos, está en la base de esta sociedad y de nuestro Ordenamiento Jurídico. Pretender circunscribirlo a la usurpación y al allanamiento de morada no es ninguna solución. No obstante, son las únicas modalidades que cuentan con datos oficiales: 2024 cerró con 16.426 nuevos casos nuevos de usurpación y allanamiento, un 7,4% más que en 2023. En el fondo, dejar a la inquiokupación —que prolongada en el tiempo no deja de ser una estafa—dentro de la jurisdicción civil tampoco ayuda.
Vemos continuamente la preocupación que generan distintas situaciones fuera de España, sin embargo, no queremos ver a las víctimas que tenemos, aquí, en España.
