Se acaba de publicar la sentencia del ‘Caso Nummaria’ donde Fernando Peña, fiscalista estrella y dueño del despacho NUMMARIA que asesoraba a muchos famosos, defendido por el ex ministro socialista Antonio Camacho –que también defiende a Begoña Gómez–, ha sido condenado a 80 años de cárcel como cerebro de un entramado societario para la defraudación de impuestos, propios y ajenos, de los que posiblemente solo cumpla 9 por la aplicación del 76 CP que limita el cumplimiento en la pena en una condena por varios delitos al triple de la mayor.
El ‘Caso Nummaria’ arrancó en 2016 en el marco de la ‘Operación City’, a raíz de una querella de la Oficina Anticorrupción alertada por la ONIF de un posible fraude fiscal de más de 15M€. La querella fue admitida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la AN que autorizó el registro del despacho. Años antes, Fernando Peña ya estuvo en el foco de la AEAT por constituir sociedades en el extranjero. Ahora, esta sentencia de la Sala de lo Penal de la AN le condena a 80 años de prisión por 12 delitos fiscales, relacionados con el IRPF y con el IVA de los ejercicios 2010 a 2015, por desarrollar “una consciente estrategia defraudatoria a través de la ocultación de la verdadera realidad tributaria frente a la Hacienda Pública” y como cooperador necesario en los delitos fiscales cometidos por sus clientes. La condena lleva aparejada una indemnización de 15,7M€ para la Hacienda Pública, más intereses, y el pago de otras cantidades junto con el resto de condenados.
La SAN señala que “Peña no se ha limitado al mero asesoramiento jurídico (…). Ha proporcionado consejos o recomendaciones en materia tributaria, que se encuentran reforzados por el gran prestigio y la condición de especialista, lo que sin duda contribuye también de forma decisiva a la decisión del contribuyente de adoptar una determinada estrategia fiscal. Y, en segundo lugar, ha tenido una participación muy activa en la propia configuración de la estrategia fiscal de los contribuyentes, así como en la creación y funcionamiento de las estructuras societarios al servicio del fraude”. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la AN que celebre la vistilla sobre las medidas cautelares del 505 LECrim donde planteará su inmediato ingreso en prisión.
La SAN asegura que el despacho NUMMARIA estaba dirigido, gestionado y controlado, de manera “personal y directa”, por Fernando Peña. Su modus operandi consistía en la creación de un entramado societario con al menos 20 sociedades, 6 CB, 1 SICAV, 3 AEIE y una fundación con sede en España, amén de otras sociedades en el extranjero (Suiza, Costa Rica, Uruguay, Portugal, Panamá), con el objetivo de ocultar el patrimonio y las rentas encomendadas. Esa estructura fue comercializada entre sus clientes con el objetivo de desplazar su facturación a esas sociedades y minorar su tributación. Entre ellos destacan Ana Duato e Imanol Arias que declararon solo el 40% de las rentas obtenidas de RTVE por la serie ‘Cuéntame’, percibiendo el resto como una renta vitalicia bonificada.
La SAN concluye que, “en definitiva, no nos encontramos con que el acusado tratara de buscar dentro de la legalidad la forma más favorable de tributar, lo que resulta legítimo en el ámbito de una economía de opción, sino de sortear esa legalidad acudiendo a un sistema que distorsionaba la realidad del hecho imponible hasta hacerla irreconocible; es decir, ante un fraude que es propio de la tipicidad aplicada (defraudar)“. Las consecuencias no han sido iguales para todos: mientras Imanol Arias decidió pactar con el MF y fue condenado a 2 años y 2 meses (sustituibles por multa) y a 2M€ más intereses, Ana Duato decidió ir a juicio donde fue absuelta de un delito fiscal de 1,9M€ tras acreditar que no tenía los conocimientos tributarios y empresariales suficientes para saber que la actuación llevada a cabo por su asesor era una maniobra fraudulenta.
La pregunta del millón es ¿dónde están los límites de la planificación fiscal? La SAN responde al señalar que cuando se encuentran fórmulas dentro de la legalidad y sin ocultación estamos ante una economía de opción que resulta legítima dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando se acude a estructuras inexplicables para distorsionar la realidad estamos ante un fraude que resulta típico y culpable, aunque esa culpabilidad debe probarse a título individual como en el caso de Ana Duato. No hay fórmulas mágicas. Como mucho hay despachos conectados con la AEAT, en función del color político dominante y en un determinado momento, que no venden soluciones legales, sino favores políticos que suelen ser más caros que pagar a Hacienda. No te dejes engañar por los cantos de sirena.
