Tenemos un problema con la libertad de expresión en España. Se supone que el 20 CE garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción sin censura previa, empero los grandes medios están cancelando todos los mensajes que huelan a ‘derecha’ con el único fin de mantener el mainstream del mensaje de ‘izquierdas’ y eso que también se supone que estamos en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (1 CE).
Hoy la prensa se hace eco de la demanda presentada contra YOUTUBE por el youtuber Isaac Parejo que lleva siete años en la plataforma haciendo sus vídeos donde acumula 442.000 seguidores que son su modus vivendi. Siete años sin problemas, es decir, con los problemas normales en esta plataforma que, en lugar de llamar a las cosas por su nombre y usar el diccionario de la RAE, obliga a cambiar ciertas palabras no sea que su ‘algorrino’ las detecte y te penalice. ¿Qué sentido tiene esto para empezar? La cosa es que el pasado 02.07.25 este señor, que pasa por ser uno de los activistas más destacados de derechas en RRSS con el nombre de ‘infovlogger’, recibió una notificación informándole de que su ‘canal secundario’ iba a ser desmonetizado por incurrir conductas de «acoso», «ciberacoso», «incitación al odio» e «incitación a la violencia hacia grupos desprotegidos», sin especificar en qué video o publicación se habrían producido esas infracciones.
Al pedir explicaciones, un gestor de la plataforma le indicó que YOUTUBE «no está obligado a señalar vídeos concretos» y que la revisión interna podría basarse en la evaluación del conjunto del canal. Después, con fecha 14.07.25, YOUTUBE desmonetizó también su ‘canal principal’, dejándole sin su principal fuente de ingresos desde mayo lo que le ha obligado a reaccionar jurídicamente –que es lo que hay que hacer—presentando una conciliación donde reclama 40.000€ por daños y perjuicios atendido que el canal principal no presentaba «en ningún momento advertencias ni strikes en vigor que pudieran justificar una desmonetización» y que «las distintas comunicaciones remitidas por YouTube se limitaron a ofrecer motivos cambiantes y mutuamente inconexos, sin identificación de contenido concreto».
Con lógica, el youtuber denuncia que, de ser ciertas esas imputaciones, «constituirían infracciones tanto de las políticas del Programa Partner como de las normas de la comunidad y conllevarían necesariamente la retirada de los vídeos infractores o la imposición de advertencias o strikes». Sin embargo, «todos los contenidos del canal permanecen públicos y accesibles, sin que se haya producido eliminación alguna ni conste la existencia de advertencias o strikes en vigor, lo que evidencia la falta de correspondencia entre los motivos invocados y las consecuencias que, conforme a la normativa de la propia plataforma, deberían haberse derivado de tales infracciones». Es decir, que YOUTUBE lo único que hace es quedarse con todo lo que genera este canal y no pagarle un duro para fastidiar al autor y no para corregir nada. Por supuesto, dicha desmonetización supone un «incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por YouTube» y será reparado judicialmente.
Por último, el youtuber destaca que su situación contrasta con otros «canales de extrema izquierda que están monetizados», como Canal Red, lo que acredita que «hay carta blanca para unos y otros tenemos que aguantar que nos imputen barbaridades». Un asunto a seguir porque de la conciliación podría pasarse al litigio en un asunto necesitado de doctrina jurisprudencial donde los conceptos jurídicos son manejados a conveniencia por YOUTUBE sin acudir a ningún juez, para dar altavoz a unos y cancelar a otros conculcando gravemente las libertades públicas y el pluralismo político que defiende la Constitución Española. Veremos qué ocurre, pero la ‘Cultura de la Cancelación’ impuesta por la izquierda se da de bofetadas con las libertades públicas y los derechos fundamentales.
