Este lunes 22.12.25, se anunció el acuerdo entre el PSOE y ETA BILDU para prorrogar en 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, junto con la prohibición de cortes de los suministros básicos (luz, agua y gas), y junto con el aumento del importe del bono social eléctrico. De esta forma, continúa esta prohibición que estaba a punto de terminar el próximo día 31.12.25. No obstante, desde PODEMOS consideran que se trata de una medida insuficiente insistiendo en que se deberían regular los precios de los alquileres para bajar por ley los mismos. El articulado final dependerá, para su aprobación en el Congreso, de las mociones de PNV y JxCat que apuntan a proteger también a los propietarios de esas viviendas que no se pueden desalojar a resultas de este decreto poniéndole un poco de cordura al asunto.
Estos fenómenos no quieren ver que las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda en las zonas declaradas como ‘tensionadas’ de algunas ciudades, lejos de conseguir que se estabilicen los precios del alquiler los están disparando. No quieren entender que la inseguridad jurídica conlleva restricciones en la oferta –los propietarios temen no poder deshacerse de los inquilinos en caso de impago—y la escasez de oferta lleva los precios del alquiler al alza. Concretamente, el precio de los alquileres en España se disparó un 9,9% en noviembre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, para marcar una media de 14,60€/m2. Datos que confirman que la solución está en implementar medidas que contribuyan a aumentar la oferta, nunca a lo contrario.
ACTUALIZACIÓN DESAHUCIOS 2026 (03.02.2026)
La semana pasada el Parlamento tumbó el llamado ‘escudo social’ que el gobierno del PSOE presentó junto con la revalorización de las pensiones en otro decreto ómnibus que ya se ve que no funciona. Ahora, como hiciera también el año pasado, le toca trocearlo y volverá a presentar esta semana dos decretos: uno para el ‘escudo social’ para contentar a PODEMOS y a SUMAR y otro para las pensiones al gusto del PP y de JxCat.
Ese decreto del ‘escudo social’ es, fundamentalmente la prórroga del ‘Decreto Antidesahucios’ prohibidos desde el 2020 para aquellos okupas, inquiokupas e inquilinos morosos declarados ‘vulnerables’ por los Servicios Sociales. La prórroga 2025 se alcanzó cuando el gobierno convenció a JxCat concediendo compensaciones económicas para los propietarios que soportan dicha prohibición, aunque luego buena parte de ellos no las haya solicitado. La prórroga 2026 parece que mantendrá, hasta final de año, la suspensión de los desahucios de «hogares vulnerables sin alternativa habitacional» introduciendo la excepción de que “en caso de propietarios de tres o más viviendas no se ejecutará desahucio cuando haya contrato y el propietario no sea vulnerable» mientras que si solo son «propietarios de una o dos casas” sí podrán emprender los trámites legales necesarios para recuperar su propiedad. Una solución evidentemente discriminatoria.
El gobierno estima que hay entre 50.000 y 60.000 familias viviendo de alquiler sin pagar gracias al Decreto Antidesahucios y sus prórrogas y ahora podrían ser desahuciadas aquellas que usen viviendas de pequeños propietarios que, lógicamente, son los que más sufren este desorden legal que no tiene parangón en ningún lugar del mundo civilizado. La posibilidad de realojar a todas esas personas el gobierno se la traslada a las CCAA porque son ellas las que tienen las competencias de “los servicios sociales para alojar a las personas vulnerables«. Veremos que ocurre en los próximos días
