La Asociación Dignidad y Justicia (ADJ) que preside Daniel Portero envió, el pasado mes de septiembre, un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala, mostrando su preocupación por el acogimiento que presta dicha institución de la Iglesia a los de asesinos de ETA (por ejemplo, a Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ o a Igor Solana). De esta manera, los programas de acción social de Cáritas son un trampolín para avanzar en la clasificación penitenciaria, esto es, para avanzar en su salida de prisión, utilizando el 100.2 del Reglamento Penitenciario de 1996 que reza: “No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”.
El presidente de Cáritas aseguró a la AJD que endurecerían las condiciones de acceso a sus programas de acción/reinserción social que hasta ahora han permitido a gentuza como ‘Anboto’, condenada por una decena de asesinatos, pasar en la vía de hecho a disfrutar de gran parte de los beneficios del tercer grado (semilibertad), estando aún en segundo grado penitenciario. No puede ser que por decir que cuida la huerta y los jardines parroquiales y que asiste a personas con riesgo de exclusión social, se le aplique el 100.2 RP y se olviden sus asesinatos. En esta España al revés de la PPSOE, un cretino que solo ha tenido una mala tarde, se enfrenta a cumplimientos penitenciarios por encima del 80% de su condena. Sin embargo, asesinos en serie de ETA, gracias a la cobertura política, están en la calle con cumplimientos que no alcanzan el 20% de sus condenas. ¡Viva la igualdad, copón!
En el fondo, subyace la necesidad del gobierno franquenstein de los votos de ETA BILDU y del PNV. De esa necesidad nace la permisividad del gobierno vasco, que tiene la competencia penitenciaria, y del Ministerio de Justicia que, usando a otras instituciones subvencionadas, consiguen que terroristas etarras condenados a elevadas penas de prisión vuelvan a la calle. La intención real de Cáritas la puedes ver en estas declaraciones del Sr. Ayala: «en los casos de personas condenadas a penas graves de prisión, cuando la colaboración voluntaria esté vinculada a la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario, la Diócesis de San Sebastián y los organismos sociocaritativos vinculados a ella, no contemplarán dicha colaboración hasta que las instancias competentes hayan resuelto sobre la aplicación del precepto». Traducción simultánea: que en cuento puedan volverán a colaborar con la ETA.
En esta misma línea colaborativa con la ETA, el gobierno vasco anuncia que va a dejar de facilitar información sobre las semilibertades a los terroristas de ETA a estas asociaciones. ¡Viva la transparencia, copón! Las ‘amnistías encubiertas’ no son de interés público, solo político, así que van a continuar sacando etarras a la calle por el 100.2 RP o por donde sea. Lo realmente importante no son las víctimas de la ETA, sino el aseguramiento de los datos sensibles y protegidos de esos expedientes. De esta manera, Daniel Portero, presidente de la ADJ e hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por orden del jefe etarra Juan Antonio Olarra Guridi, que nunca pidió perdón ni se arrepintió, tiene que ver como el asesino de su padre accede prematuramente al tercer grado penitenciario por obra y gracia del gobierno vasco, a pesar de la negativa del juez de Vigilancia Penitenciaria. Seguimos para bingo con esta Iglesia Católica al servicio de los políticos, en lugar de al servicio de los feligreses y de las víctimas. Acuérdate de todo esto cuando vayas a votar o cuando te pidan un duro. Acuérdate.
