La Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 ha presentado una denuncia contra el presidente de este Desgobierno Comunista, Pedro Sánchez, por delito de «genocidio» de 50.000 personas ante la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia refiere como el Presidente del Gobierno y responsable del mando único no siguió las instrucciones «inequívocas» de las autoridades sanitarias internacionales, incluida la OMS, dando para empezar una «respuesta tardía» al coronavirus para después realizar un manejo nocivo de la pandemia que «ha causado una gran cantidad de muertes que podrían haberse evitado».
La denuncia por delitos de genocidio y lesa humanidad considera que el Jefe del Ejecutivo Español violó los Arts. 6.c) y 7.1.k) del Estatuto de Roma de la CPI. El 6.c) establece que «se entenderá por ‘genocidio’ cualquiera de los actos mencionados a continuación (en este caso, el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial»), perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». El 7.1.k) precisa el concepto de «crimen de lesa humanidad», entendiéndose por tal «cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque» que, en su apartado ‘k’, incluye aquellos «otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».
El tipo penal de genocidio requiere de intencionalidad por lo que la denuncia señala que, en este caso, existe una «intencionalidad indirecta» en tanto en cuanto el Desgobierno Comunista tuvo perfecto conocimiento de la rápida propagación del coronavirus y de su virulencia, especialmente entre las personas de mayor edad, sin haber tomado las medidas necesarias para paliar los efectos mortales de la enfermedad desde el primer momento. La denuncia señala que todos esos errores, admitidos por otra parte por el propio denunciado, no pueden quedar exculpados por la «urgencia en los tiempos y la penuria en los recursos» sino más bien al contrario: sus graves consecuencias deben dirimirse penalmente, cupiendo también la figura del homicidio imprudente porque «la inacción de Sánchez y la mala gestión de esta crisis han causado decenas de miles de muertes».
Destaca, asimismo, como en un principio se quiso «minimizar la gravedad del Covid-19» mientras alentaban actividades que «sólo podían dar como resultado la propagación rápida e incontrolada de este virus mortal», como, por ejemplo, la multitudinaria manifestación feminista del 8-M en toda España. La denuncia, por ello, incorpora los Informes realizados por la GC sobre dicha manifestación destacando como «sabiendo que el virus estaba en España (no olvidemos que el primer caso en España fue diagnosticado el 31.01.2020), el señor Pedro Sánchez permitió, como jefe del Gobierno, la celebración de eventos masivos, el 8 de marzo en todo el país, así como en anteriores y siguientes fechas» para añadir que también se permitió «la entrada de personas procedentes de China, Francia, Italia y muchos otros países que ya estaban sufriendo las consecuencias de la epidemia se permitió sin ningún tipo de control en los aeropuertos, ni controles de temperatura ni filtro».
A más a más, si las consecuencias han sido nefastas para el conjunto de la población española, para las residencias de mayores y para los sanitarios han sido directamente mortales: «la reacción tardía del presidente Sánchez causó la muerte de miles de personas mayores en hogares de la tercera edad, completamente solos y sin un pariente junto a ellos en sus momentos finales. Ni siquiera había personal de salud disponible para ayudarlos. Sus cuerpos fueron cremados también sin la asistencia de familiares, y hasta la fecha, muchas familias ni siquiera tienen los restos de sus seres queridos» por lo que «el Ejército español fue enviado a residencias de mayores en todo el país para ayudar e inspeccionar, y en muchos casos encontraron personas compartiendo habitaciones con cadáveres». Los profesionales sanitarios, por su parte, «no tuvieron medios para protegerse» a pesar de reconocer que en los hospitales era donde se encontraba «el foco principal de las infecciones». Todo esto es lo que relata la denuncia presentada y ahora tendremos que esperar para ver el trámite que le da la CPI.
