El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que incluye una reforma del Código Penal por la que, pretendiendo «garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia» –como si no existiese ya una Constitución que lo hace-, quiere colar de matute una nueva regulación de los Delitos de Odio –odiosos de por sí- incorporando como tipo penal la edad como causa de discriminación, tanto para menores y adolescentes como para las personas de edad avanzada, e incluyendo la aporofobia y la exclusión social.
En el Anteproyecto se quiere modificar el 22 CP para incluir tales conductas –pensamientos, más bien- como agravantes, y el 510 CP entre otros, para establecer la aporofobia y la exclusión social como dos delitos a tener en cuenta a la hora de establecer tanto penas de prisión como multas. Según el Desgobierno Comunista –que parece no tener otra cosa mejor que hacer con la que está cayendo- la aporofobia «responde a un fenómeno social en el que en la actuación delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea«.
El Anteproyecto también pretende incluir la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor. «Un asesino machista jamás puede ser un buen padre y no puede tener derecho a la patria potestad. Hasta ahora quedaba a decisión del juez, ahora esa posibilidad se elimina» aseguran desde el Desgobierno Comunista que todo lo sabe.
La nueva normativa va a entender por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital con lo que la inseguridad jurídica está servida. Asimismo, obligará a que los Centros de Protección cuenten con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a las situaciones de violencia comprendidas en esta ley y específicamente “respecto a la trata de seres humanos, el abuso y la explotación sexual de personas menores de edad sujetas a medidas protectoras y que residan en dichos centros» en relación con los hechos acaecidos en Baleares y para los que el gobierno autonómico (integrado precisamente por PODEMOS, PSOE y MES) voto en contra de la creación de una comisión de investigación.
Otra laguna la encontramos en la denuncia que realiza la Asociación Infancia Robada, cuyo portavoz fue la primera víctima de los abusos sexuales cometidos en la Abadía de Montserrat, que señala como la nueva norma «silencia» a los niños que sufrieron abusos por parte del clero pues aunque «la nueva ley tiene avances importantísimos como el compromiso de crear juzgados especializados contra la violencia a la infancia, pero a muchos nos deja un sabor agridulce, habla de cómo prevenir los abusos en la familia, en la escuela y el deporte, pero no menciona cómo luchar contra los abusos en la Iglesia» haciendo que «una vez más las víctimas de pederastia clerical seamos silenciadas por las instituciones públicas para no molestar a la jerarquía católica» y tiene mucha razón. Por eso no vemos ninguna denuncia de la Iglesia Católica –ni de ninguna- que supuestamente está para proteger al pueblo fiel ante la escalada de despropósitos de este Desgobierno Progresista que ya suma prácticamente 50.000 muertos y muertas a consecuencia directa de su nefasta acción de gobierno.