En el reciente Auto por el que se aprueba el 3º grado para Urdangarin, el Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº 1 de Valladolid denuncia el modo en el que la Administración Penitenciaria (léase el Ministerio del Interior, léase el Desgobierno Comunista) rechazó la semilibertad de este preso a través de una resolución que “no pasa el más primario control de legalidad”, poniendo de manifiesto algo que no nos cansamos de denunciar aquí: la preterición del Estado de Derecho y el caminito hacia… la Dictablanda.
A mí, particularmente, el personaje no me despierta ninguna simpatía, pero el Ordenamiento Jurídico está para cumplirse y no para dejarlo al arbitrio de los poderes públicos. En el caso analizado, en el que con arreglo a Derecho se solicitó el acceso al 3º grado para poder ir todos los fines de semana a casa de su madre, en Vitoria, Prisiones tan solo le permitió cambiar la cárcel por un centro de Inserción social en Alcalá de Henares, salir libre un fin de semana al mes y poder acudir a diario a trabajar al centro de voluntariado con el que colabora desde hace meses. La negativa al 3º grado, además, se produjo contra el criterio del MF, que apuntaba a que “razones de justicia material aconsejarían dar un trato igualitario en tal situación” al estar el otro socio y condenado por el caso Nòos, Diego Torres, disfrutando ya del régimen de semilibertad, y contra el de la Junta de Tratamiento de la Cárcel que se mostró en noviembre a favor de dicho 3º grado de forma unánime.
A pesar de todo lo anterior, el Director General de Ejecución Penal y Reinserción, de 30.12.2020, desestimó dicha solicitud en una sola frase y con la siguiente motivación (sic): «Visto el conjunto de factores de adaptación e inadaptación, la pena impuesta y el momento de cumplimiento…«. Con razón, apunta luego el Juez, “tanto el interno, como el Ministerio Fiscal, ponen de manifiesto que estamos ante una resolución que responde a un mero modelo estereotipado” por lo que adolece de una “absoluta ausencia de motivación”. El Juez, acertadamente, discurre que “si la motivación de cualquier actuación administrativa o judicial es la garantía fundamental de su eventual control, el telegráfico enunciado antes transcrito no se ajusta ni mínimamente a los parámetros antes expuestos, ni por ello pasa el más primario control de legalidad, por laxa que se quisiera la exigencia del tal presupuesto” atendido que la misma es “parca, difusa, genérica, pobre y escueta” con una extensión de “diecisiete palabras -incluidos artículos, conjunciones y determinantes-”. En contraposición, señala que “para ser una motivación válida” debería contener todos los datos que individualizaran el caso de Urdangarin para fundar en ellos y con razones, su negativa, máxime cuando la misma va contra el criterio expuesto tanto por la Cárcel de Ávila como por el MF.
El Juez determina que, en consecuencia, «estamos pues ante un palmario ejemplo de una decisión administrativa que no es sino una mera declaración de voluntad” y aunque “no es función del que firma especular sobre cuáles han podido ser las concretas razones que han pesado más en la decisión del Centro Directivo (…) elucubrar sobre la causa de dar más valor a unos factores frente a otros, sería llevar al que suscribe al ámbito de la adivinación, con evidente riesgo de caer en el equívoco”, concluye con la decisión de otorgar el 3º grado a Iñaki Urdangarin, decisión que ya es firme al no haber sido recurrida por el MF.
Quizá, para un lector poco avisado este concreto comentario le pueda parecer más propio de la crónica rosa, pero lo más cierto es que es un botón de muestra más de que el Estado, en su acción, cada vez pasa más de cumplir con el Ordenamiento Jurídico y cada vez está más interesado en lograr sus objetivos políticos al precio que sea. Si nosotros, la sociedad civil, permitimos o congeniemos con dichas decisiones, en función de la persona que las sufre o disfruta, estaremos dejando atrás al Estado de Derecho y si efectivamente lo dejamos atrás, lo que ahora querían hacer con Iñaki Urdangarin –que, aunque sea vasco, no ha matado a nadie- mañana lo podrán hacer con cualquiera de nosotros. Ojo y como dice el refrán “cuando veas las barbas de tú vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.