El Instituto de Estudios Económicos (IEE) -al que nos preciamos en seguir en este blog- acaba de publicar su informe de “Competitividad Fiscal 2022. España sigue perdiendo competitividad en el ámbito fiscal” en el que ponen negro sobre blanco que la presión fiscal en España se ha situado, en 2022, en máximos históricos (116,4), superando el 42% del PIB, para colocarse muy por encima del promedio de la UE (100) y del promedio de la OCDE (99,6). Siguiendo el Índice de la TAX FOUNDATION, España es uno de los cinco peores en competitividad fiscal dentro de la OCDE, sólo superado por Irlanda (118,4), Portugal (124,5), Italia (127,9) y Francia (133,5) y a años luz de los cinco mejores: República Checa (79,7), Suiza (78,3), NZ (68,3), Letonia (68) y Estonia (53,2).
La propaganda institucional de la PPSOE siempre aboga por seguir subiendo unos impuestos que marcan récords año tras año. Así, los PGE2023 plantean una subida del 23,4% (unos 50.000M€) respecto al Ejercicio 2019, cuando en el mismo periodo el PIB sólo ha crecido un 11,5%. Estamos hablando de confiscación que justifican porque, a su decir, estamos siempre por debajo de los estándares impositivos de la UE. Pero no es cierto. Lo más cierto y lo que el ciudadano tiene que saber –y apuntar para que no se le olvide- es que la presión fiscal en España es un 16,4% superior a la media de la UE y un 48,6% mayor que en Suiza, sin que nadie pueda decir que en ese país se vive peor que en España. Esas diferencias nacen fundamentalmente (i) de la imposición empresarial, que supone un 32,5% del total de la recaudación en España frente al 23,9% de la media de la UE, lo que se traduce en una presión fiscal empresarial del 10,8% s/PIB frente al 10,2% en la UE; (ii) de la imposición patrimonial, que es la segunda peor de Europa sólo por detrás de Italia, y (iii) de la cuña fiscal, esto es, de la suma del IRPF (un 8,8% más alto y un 12,75% más progresivo que en la UE) con las cotizaciones sociales, lo que supone un 40% en España, es decir, que el empleado sólo percibe el 60% del coste laboral, frente al 35% de la OCDE.
Todo esto se traduce en que en el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la TAX FOUNDATION, España ocupe el puesto 34 de los 38 países analizados, acumulando un retroceso de 9 puestos desde 2019 (entonces ocupaba el puesto 23), lo que sin duda se traduce en un menor crecimiento económico porque éste no sólo depende del buen hacer de las empresas, de la calidad de los productos…, sino también de un marco regulatorio e impositivo bien estructurado y que permita ganar un duro a los agentes económicos para que sigan apostando por España lo que permitirá consolidar crecimiento potencial a largo plazo. En España, sin embargo, se está apostando por la recaudación a corto, a costa de reventar el sistema tributario y la seguridad jurídica lo que inexorablemente frenará el consumo, menoscabará el crecimiento, bloqueará la inversión nacional e internacional y terminará por hundir nuestra economía. Al tiempo.
La solución, claro está, solo puede venir de hacer todo lo contrario: reducir el déficit y la deuda públicas al tiempo que reducimos impuestos y, sobre todo, gasto público ineficiente para fomentar el crecimiento, verdadera palanca de redistribución, apostando por reducir el fraude fiscal -que siempre disminuye con impuestos bajos- y por conseguir que todos contribuyan al sostenimiento del Estado y de nuestras ruinosas CCAA y que no lo hagan sólo unos pocos como hasta ahora. De esta manera, conseguiremos volver al crecimiento económico que, lógicamente, traerá prosperidad y mayor recaudación sin asfixiar a nadie. No nos escucharán, pero dicho queda.