La lucha por la imposición en el espacio radioeléctrico se está resolviendo en los juzgados y tribunales. Allí, las operadoras están consiguiendo devoluciones millonarias a costa tanto de la AEAT como de las Haciendas de las CCAA. Si en el plano autonómico el caballo de batalla está en el ITP, en el plano nacional lo está en el IAE.
Un recurso de VODAFONE consiguió que el TJUE declarara que la armonización en la UE afecta a los tributos nacionales cuando inciden sobre aspectos de competencia y, más concretamente, cuando la normativa española pretende gravar la concesión administrativa para el uso privativo del dominio público radioeléctrico que ya se encuentra previamente gravada por las tasas sobre la reserva del dominio público radioeléctrico. Todo ese tipo de normativa fue declarada contraria al Derecho de la Unión abriendo una vía para reclamaciones millonarias.
Sobre esa base, posteriormente (ver la entrada ‘VODAFONE y el ITP de las ondas’), VODAFONE consiguió que también se anulara el gravamen por ITP de dichas concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico poniendo de manifiesto una vez más que los distintos hechos imponibles susceptibles de gravamen en España son al final gravados en cascada una y otra vez por distintas figuras impositivas vulnerando tanto nuestra Constitución como el Derecho de la UE.
Ahora, ORANGE ha conseguido que el TSJ de Madrid desestime la pretensión de la CCAA de Madrid de gravar por el ITP, en contra del criterio del TEAR de Madrid, lo que para ellos constituía una concesión administrativa mientras que para la operadora era un simple alquiler con IVA de parte de un inmueble público para la instalación allí de una estación base de su red móvil.
ORANGE, además, viene denunciando que el elevado número de impuestos les imposibilita competir con los grandes gigantes de Internet y llevar a cabo las inversiones que necesitan en nuevas redes. En el mismo sentido, la patronal del sector, DIGITALES, tiene solicitado al gobierno la reducción de tasas y trámites locales para poder desplegar las infraestructuras digitales necesarias. Sin embargo, lo único que se ha eliminado hasta el momento es la llamada ‘tasa RTVE’ con la que las operadoras financiaban a dicha corporación pública con el 0,9% de sus ingresos.
Lo cierto es que la voracidad recaudatoria se está viendo frenada con acierto en juzgados y tribunales dando lugar a devoluciones millonarias a favor de las distintas operadoras, incluyendo también a TELEFÓNICA y DIGI, que siguen sumando sentencias a su favor. Todo esto nos habla de cómo la Administración se salta continuamente la ley que ella misma impulsa y de cómo España es el paraíso de los impuestos en cascada. Esperemos que este 2024 traiga mucho mucho carbón a las Haciendas Públicas.