En la macro causa de corrupción de los ERE, el TS acaba de condenar a ACYCO, por recibir ayudas ilegales, mientras absuelve al ex consejero socialista de Empleo, Antonio Fernández, y al ex director general de Trabajo, Juan Márquez, por considerar su actuación «cosa juzgada» en el procedimiento principal (el de Chaves y Griñan). La STS (29.11.24) se refiere a la ‘Pieza ACYCO’ por una ayuda de 2,9M€ que la Consejería de Empleo dio a la empresa Aceitunas y Conservas de Dos Hermanas (Sevilla), teniendo en cuenta la STC sobre el borrado de los ERE dictada el pasado verano.
La STS destaca que el sistema tejido por el gobierno de la Junta de Andalucía (PSOE) era «facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público» amparado en normas con rango de ley «cuya constitucionalidad no fue cuestionada». La AP de Sevilla condenó a 7 años de prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial en concurso con malversación de caudales públicos, pero ya había sido sentenciado a siete años, 11 meses y un día de cárcel en la pieza principal de los ERE, condena luego anulada por el TC, que ordenó a la AP de Sevilla que dictase una nueva sentencia que rebajara considerablemente su pena incorporando el nuevo criterio introducido por el TC.
La AP de Sevilla también condenó al ex director general de Trabajo Juan Márquez a cuatro años de prisión, pesando ya sobre él una pena de siete años de cárcel por la pieza política. El Supremo la rebajó a tres años y la corte de garantías no admitió su recurso. Ahora el TS absuelve a los dos socialistas por concurrir en ambos el principio de cosa juzgada. En cambio, el TS condena a penas de entre dos y cuatro años de prisión a los 5 acusados en la ‘Pieza ACYCO’ por delitos de malversación, prevaricación y falsedad, por su responsabilidad en cuatro disposiciones de fondos que no quedan amparadas por las STC. Estos cinco condenados deberán, además, indemnizar solidariamente a la Junta de Andalucía en la cuantía de 743.158€.
La Sala de lo Penal del TS analiza la incidencia de los pronunciamientos del TC sobre este asunto y señala que «es necesario partir de que, aunque el sistema (…) era, cuando menos, discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público, (…) se amparaba en normas con rango de ley, cuya constitucionalidad no fue cuestionada». Así, para el TS en la ‘Pieza ACYCO’ hay 4 ayudas que no están afectadas por las STC incluida la inclusión entre los beneficiarios de 2 personas que nunca habían pertenecido a la plantilla por su relación personal con el entonces director general de Trabajo Francisco, Javier Guerrero (ya fallecido), y que percibieron un total de 223.000€.
La Sala de lo Penal del TS, también en la ‘Pieza ACYCO’ señala la suscripción de una adenda para un supuesto adelanto efectuado por 7 socios para el pago de las pólizas de prejubilación, justificando su abono mediante una factura falsa que incluía pago de un IVA no soportado (243.600€). Asimismo, la inclusión en el ERE de Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración de ACYCO hasta marzo de 2011 y que percibió las prestaciones relativas a su prejubilación por ser asegurada y beneficiaria de dos pólizas, obteniendo un total de 276.505€ que compatibilizó con dietas por asistencia a los consejos. Finalmente, el TS señala la concesión de una ayuda para mantener 144 puestos de trabajo cuando, en realidad, se destinó al abono de la minuta del abogado del despacho Garrigues por su intervención en los ERE.
Por ello, el TS condena a Encarnación Poto a cuatro años de prisión como cooperadora necesaria de delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial en concurso con malversación de caudales públicos. Y la misma pena se impone a José Miguel Caballero, el abogado del despacho GARRIGUES que asesoró las operaciones. Por su parte, a los 2 representantes de la mediadora de seguros VITALIA, que participó en la suscripción de las pólizas, se les imponen tres años y nueve meses de prisión y dos años de cárcel respectivamente. Por último, condena a tres años y medio a Gabriel Barrero, apoderado y director de recursos humanos de ACYCO.
