La libertad de expresión encuentra cada día más obstáculos. Recientemente, estallaba el ‘Caso Rotherham’, un escándalo de violaciones a 1.400 niñas en UK a manos de unas bandas de violadores musulmanes que, por su dimensión y connotación religiosa, fueron tapadas por las autoridades políticas y policiales británicas hasta el punto de presionar a las víctimas y a sus familiares para impedir que se señalara e identificara a los autores. Así las cosas, vemos como en todos los sitios el multiculturalismo se traduce en miedo a señalar a los delincuentes cuando éstos pertenecen a determinados grupos raciales, religiosos o políticos.
El ‘buenismo’ que solo se da en la Civilización Occidental desemboca en la cobardía a la hora de llamar a las cosas por su nombre en ciertos casos. En otros no. Miles de menores fueron violadas entre 1997 y 2013 por bandas organizadas de kurdos, paquistaníes y kosovares, con epicentro en la localidad de Rotherham, y las autoridades lejos de amparar a las víctimas y perseguir a los victimarios prefirieron tapar a estos últimos simplemente por la inoportunidad política que suponía destapar dicho escándalo y su insoportable dimensión. Lo taparon tanto conservadores como laboristas, ayudados por los medios de comunicación, poniendo de manifiesto cómo la libertad de expresión y la tutela judicial están trucadas en las socialdemocracias actuales.
Un escándalo que salpica a todos: desde el actual primer ministro británico, Keir Starmer, entonces al frente del Servicio de la Fiscalía de la Corona, pasando por la policía hasta llegar a los funcionarios de asuntos sociales. La policía omitió su deber de socorrer a las víctimas, los políticos rechazaron las peticiones de ayuda de los padres –llegando incluso a acusarles de racismo e islamofobia—y los medios de comunicación ignoraron o minimizaron los casos. Todos prefirieron blindar su modelo multicultural a tener que poner encima de la mesa los problemas que genera la política migratoria. En Rotherham, los policías y concejales fueron notificados de los abusos y las violaciones, por vez primera, en 2001. Las primeras condenas no llegaron hasta 2010, cuando cinco hombres de origen paquistaní fueron encarcelados por múltiples delitos contra niñas de tan sólo 12 años de edad. El modus operandi consistía en abordar a las niñas más vulnerables con dulces para drogarlas. Después, las violaban y las pasaban de una red de explotación a otra hasta que las descartaban cuando alcanzaban la mayoría de edad. Una investigación de 2014 determinó que 1.400 niñas habrían sido violadas solo en Rotherham, pero se trata de un escándalo de dimensiones nacionales. La autora del informe, Alexis Jay, destacó «la naturaleza aterradora de los abusos» y concluyó que «si todas las autoridades implicadas hubieran estado menos preocupadas por sus propias agendas y sus prejuicios, y se hubieran centrado en el bienestar de los niños, muchos no habrían sufrido los abusos».
El asunto llegó al Parlamento y allí Theresa May, entonces ministra del Interior, señaló a «la corrección política institucionalizada» como responsable de lo sucedido apuntando a que «las preocupaciones culturales, el miedo a ser visto como racista, nunca deben impedir proteger a los menores». Sin embargo, ahora, Keir Starmer ha declarado que «el principal problema de nuestro país es la islamofobia» y que «los musulmanes se sienten incómodos» recordando lo sucedido en Rotherham y los recientes disturbios por el apuñalamiento de 3 niñas en Southport por un hijo de inmigrantes.
En España vemos esto mismo a diario: las autoridades ocultan la nacionalidad del delincuente en los sucesos que trascienden a los medios de comunicación y, aunque dicen hacerlo para no alimentar la xenofobia, lo más cierto es que tratan de preservar su comodidad política para no atacar un problema que se hace día a día más evidente. Los números cantan y, a pesar de la censura, la sociedad tiene clara la peligrosidad de ciertos colectivos. Si no se ataca el problema, este seguirá creciendo hasta provocar el estallido de una población harta de pagar impuestos para que las autoridades omitan después sus obligaciones. Sirva el ‘Caso Rotherham’ de punto de inflexión para llamar a las cosas por su nombre y perseguir los delitos vengan de donde vengan. Sin paños calientes ni diferencias.
