El Juzgado Nº 4 de La Coruña ha accedido a revisar el caso de Pilar Pérez, una pensionista arruinada por su inquiokupa de 5 años, comprobando que si su inquiokupa es vulnerable —la coartada con la que ahora muchos inquilinos dejan de pagar el alquiler y evitan el desahucio— es simple y llanamente porque ella quiere. La misma, además de trabajar, consiguió que una fundación le pagase el alquiler mientras rechazaba varias viviendas sociales, para seguir de inquiokupa por lo que el juez, finalmente, ha ordenado su lanzamiento tras comprobar que está forzando su vulnerabilidad.
El magistrado ordena a la inquiokupa que abandone la vivienda «dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de lanzamiento«, pero, además, la condena a abonar las rentas impagadas hasta el momento de presentación de la demanda más todas «las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la restitución posesoria«, lo que haría un total de más de 22.000 euros, según la propietaria que ha declarado que «han sido cinco largos años de sufrimiento que nadie me va a devolver, pero, finalmente, el juez ha reconocido que ella era vulnerable porque quería, porque se le han dado más que ayudas para no serlo, para no seguir robando lo que es mío, y ella las rechazó todas para seguir ahí fastidiándome la vida. Y esto no se puede permitir«. Asimismo, lanza un llamamiento a todas las víctimas de esta lacra para «que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida«, celebrando una sentencia histórica que es probable que marque una nueva pauta para el gran número de procedimientos de esta naturaleza.
En este caso, los Servicios Sociales certificaron que «fueron varias las viviendas ofertadas y visitadas y todas fueron rechazadas por la interesada» y que, en 2022, la inquiokupa logró un empleo y que incluso «la institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda«. Todo recogido por la prensa que, días más tarde, le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos «le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio«. Sin embargo, ese dinero nunca llegó a la arrendadora que denunciaba que “la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé, pero yo jamás he recibido ni un euro«.
Hasta este momento y a pesar de las evidencias, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio del 2021. El hecho de que finalmente haya accedido a ello marca un punto de inflexión para todos los afectados por la inquiokupación que denuncian que los casos no se revisan, incluso cuando resulta evidente que, después de un tiempo, la situación económica y laboral de los inquiokupas ha cambiado. Una decisión que va en la línea marcada por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona que acordaron solicitar a los Servicios Sociales la comprobación de la situación de vulnerabilidad en cada prórroga del decreto antidesahucios.
