El ex ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y su banda –¡cuántas bandas hay sueltas en este país!– acaban de ser imputados, tras una investigación del Juzgado Nº 2 de Tarragona, por la comisión de hasta nueve delitos calificando de organización criminal la trama que conseguía manipular la normativa a favor del oligopolio gasista. La instrucción apunta a que todo venía orquestado desde el despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, hermanos y asociados, desde el que se extendía una red, jerarquizada y estructurada, que ahora es imputada por los siguientes delitos:
1/ Cohecho, porque AFGIM –la asociación de las empresas gasistas—hizo pagos que suman 779.705€ a Equipo Económico, entre 2011 y 2019, que el instructor considera que pueden ser sobornos encubiertos para manipular la normativa que afecta al sector, en lugar de servicios de asesoría reales.
2/ Prevaricación, porque dicha organización criminal consiguió modificar tanto el IEE (2013) como el IAE (2018) para reducir las cargas fiscales de esas empresas, modificaciones que se adoptaron a sabiendas de su injusticia y con la participación directa de las empresas afectadas.
3/ Fraude a la Administración, porque todos esos cambios causaron un claro perjuicio económico a las arcas públicas y, además, los supuestos informes técnicos independientes eran, en realidad, confeccionados a la medida de las pretensiones de las empresas.
4/ Tráfico de influencias, porque la posición política de Montoro le permitió mediar entre empresas y altos funcionarios de Hacienda y cobrar por ello.
5/ Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, porque algunos de los imputados participaron en la toma de decisiones públicas mientras mantenían vínculos con el despacho de Montoro y/o con las empresas reguladas, infringiendo el principio de imparcialidad administrativa.
6/ Corrupción en los negocios, porque Equipo Económico revendía por 10 veces su valor (de 8.000€ a 80.000€) los informes supuestamente técnicos que encargaba, a la medida de lo solicitado por las empresas reguladas, a otras consultoras, extremo que para el instructor esconde una cadena de favores.
7/ Falsedad documental, porque algunos de esos informes no fueron elaborados por Equipo Económico sino por otras consultoras externas y, sin embargo, simularon su autoría real.
8/ Organización criminal, porque se trataba de un entramado con funciones compartimentadas donde unos buscaban clientes, otros hacían esos informes a la medida de lo solicitado, otros mediaban con la Administración y los ex altos cargos ejecutaban las medidas. Todos compartían el objetivo final de influir en la normativa del sector con ánimo de lucro.
9/ Blanqueo de capitales, por el uso de sociedades instrumentales para dificultar el rastreo de los beneficios obtenidos por dicha trama, aunque este delito sigue bajo investigación.
Se abre, pues, un nuevo macrocaso de corrupción relacionado con la PPSOE, hoy en la sucursal del PP, con 27 personas físicas imputadas y 6 personas jurídicas bajo sospecha, que sitúa al ex ministro Montoro y a su camarilla al frente de una organización criminal para manipular la normativa a favor del oligopolio gasista. Los políticos no podrían meter la mano en la caja común si los funcionarios no se dejaran corromper. En la instrucción aparecen personas como Miguel Ferré, exsecretario de Estado, Pilar Platero, exsubsecretaria de Hacienda, Felipe Martínez, exdirector de Tributos, Santiago Menéndez, exdirector de la Agencia Tributaria y varios exdirectores generales y asesores del gabinete de Montoro, amén de los administradores de Equipo Económico, de las consultoras externas y de las empresas gasistas que pagaron por esos ‘servicios’ como AIR LIQUIDE, CARBUROS METÁLICOS, PRAXAIR y ABELLÓ.
El instructor los ha imputado merced a los correos electrónicos y los informes intervenidos, amén de numerosas testificales, que demuestran que la AFGIM participó directamente en la redacción de la normativa que luego le iban a aplicar y que fue bendecida por Hacienda antes de ser publicada en el BOE. Algunos nunca tienen bastante: el oligopolio gasista ya es en sí mismo una corrupción de la PPSOE al limitar la competencia en favor de unos pocos amiguetes, y ahora les pillan financiando una organización criminal dirigida por un ministro para repartirse las ventajas que se pudieran lograr forzando la ley a su favor. La corrupción lleva siempre la pegatina de la PPSOE.
