Ayer, el abogado del TJUE emitió su informe –que no es vinculante pero que normalmente marca el camino de la sentencia que posteriormente emitirá el TJUE– sobre la Ley de Amnistía del 2024 (LOA), respondiendo a las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas, por si el desvío de dinero para organizar el referéndum ilegal del 1-O pudo haber afectado a los intereses financieros de la UE; por la Sociedad Civil Catalana, que denunciaba esa autoamnistía, y por la Audiencia Nacional y por ACVOT (la Asociación Catalana de Victimas de Organizaciones Terroristas) que discutían si el Derecho de la UE permite que la LOA se aplique a los delitos de terrorismo atribuidos a miembros de los CDR en el marco del golpe y la posible impunidad de todos ellos.
El abogado del TJUE, concretamente, dijo lo siguiente: «la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la LOA por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión”.
Al cabo, Dean Spielmann expuso sus conclusiones: (i) que extiende su aval al grueso de la LOA porque el golpe de Estado del 1-O en Cataluña no afectó a los intereses económicos de la UE; (ii) que los 12 encausados por delitos de terrorismo son amnistiables por la LOA ya que eso no se opone a la Directiva contra el Terrorismo, al no dejar impunes los delitos que vulneren gravemente los derechos humanos, ni tampoco rompe el principio de igualdad, y (iii) que no se trata de una autoamnistía. ¡Vamos para bingo!
El asunto, de todas maneras, no está claro. Algo que solo puede pasar donde el imperio de la Ley no funciona. Lo cierto es que en Europa como en España cada día más asistimos al fenómeno de la ‘lotería judicial’ donde las resoluciones atienden a objetivos que nada tienen que ver con la Justicia Material, con lo que es justo. En este caso, lamentablemente, la política va a jugar un papel determinante. El asunto no está claro porque tres entes politizados han dicho cosas contradictorias al respecto: (i) El TC Español, adelantándose insidiosamente al TJUE, avaló la constitucionalidad de la LOA en España; (ii) antes, la Comisión Europea, que también es parte en este caso, señaló la LOA no persigue «un propósito de interés público», sino que más bien «parece una autoamnistía», ya que surge de un pacto político para facilitar la investidura del gobierno de Pedro Sánchez en la que los propios beneficiarios de la LOA eran parte determinante, y (iii) recientemente el TEDH ha establecido que la detención de los líderes del golpe en Cataluña del 1-O no vulneró sus derechos políticos.
En definitiva, que tenemos dos resoluciones en ciernes, esta de la Amnistía en el TJUE y la del FGE en el TS, que le pueden dar la puntilla al maltrecho Estado de Derecho que supuestamente tenemos en España. Ahora sí que nos asomamos al abismo de verdad.
