El TC ha avalado recientemente la ley estatal que reconoce la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y su cuenca al rechazar el recurso presentado por Vox (7 contra 5, siguiendo las conocidas ganaderías políticas). Una personalidad jurídica que convierte a este ecosistema en sujeto de derechos para que pueda defenderse legalmente de agresiones medioambientales o exigir a las AAPP el cumplimiento de sus obligaciones legales respecto a la protección del Mar Menor. Se trata de que todos cumplan con la reducción de vertidos agrícolas, con la restauración de hábitats naturales y con el eficaz cumplimiento de las normativas ya existentes.
Lo que a mi parecer resulta lamentable es el Voto Particular de los 5 magistrados disidentes inspirado –o dictado directamente- por la facción política que los nombra. Allí se apunta insidiosamente a que «la aparente ubicación de los derechos de la naturaleza en un plano que, si no es superior, sí se coloca en una posición de equivalencia al de los derechos, valores y principios de los seres humanos, lejos de poder ser apreciada como una lectura progresiva del texto constitucional, pudiera derivar en una regresión significativa para los derechos, libertades y, en definitiva, para la calidad de vida de los seres humanos«. Pues así se han cepillado el Toro Jubilo (Medinaceli – Soria) y nadie ha hecho nada al respecto.
Un Voto Particular que critica que esa mayoría no “haya reflexionado sobre sus consecuencias, ni en la actualidad ni para las generaciones futuras«. Después, aprovechando que la DANA de Valencia pasa por Murcia, hacen demagogia barata al señalar que, si “algunos entornos naturales pueden oponer sus derechos frente a las personas, que ello justifica que no se alteren los cauces de barrancos o arroyos en zonas ya habitadas o la proliferación de cañaverales, evitando así la adopción de medidas correctoras que pudieran evitar catástrofes naturales”. Nada de eso comporta la STC. Están mezclando churras con merinas para la galería.
También critican que se regule un derecho fuera de lo que son los ciudadanos y las AAPP para añadir que no conviene frivolizarlo con “una mimetización paradójicamente antropomórfica de los ecosistemas«. Así las cosas, la “protección del Mar Menor no debería conducir al desmantelamiento de estructuras jurídicas básicas que se encuentran en el origen de un sistema normativo e institucional que, a su vez, es la base firme sobre la que se asienta el progreso social, económico y político español y, por extensión, europeo”. A su decir, la protección del Mar Menor choca con el progreso de España y de la UE. ¡Qué falsos! Se olvidan, interesadamente, de que es la propia CCAA la que no respeta el Ordenamiento jurídico y hace ineficaces todas las medidas de protección interesadas hasta el momento. Por eso se le dota de personalidad jurídica. Si la CCAA cumpliese no haría falta.
Insisten, para salvar la actuación de la CCAA y sus intereses agrarios, en que (i) la protección del espacio natural tiene que venir “de las concretas medidas protectoras que se determinen, pero no desde la introducción de una figura jurídica que, además de no encontrar respaldo jurídico alguno, dificultará, a buen seguro, la adecuada comprensión y aplicación del marco normativo de protección vigente«; (ii) en que «la anoxia del Mar Menor no puede deslizarse hacia una no menos anoxia constitucional y legal que conduzca a la ineficacia real y efectiva de los deberes de protección impuestos por el art. 45 CE” y (iii) en que esas “iniciativas de mero esnobismo jurídico no meditadas ni en su corrección jurídica y constitucional ni, menos aún, en sus consecuencias que, además de eventualmente trágicas, pueden implicar, en realidad, una regresión en la protección del medio ambiente«.
Unas mentiras insoportables que me obligan a hacer este comentario adicional: el Mar Menor es uno de los mejores ejemplos donde el ciudadano puede contemplar los terribles efectos de la irrupción de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, esto es, de la PPSOE, en el Poder Judicial, al nombrar no a magistrados sino a comisarios políticos que no harán nada ni por el Derecho ni por la Justicia, no te digo ya por el medio ambiente, porque están únicamente para salvaguardar los particulares intereses de quien lo nombró.
Nombramientos que se hacen pasando por encima del Principio de Separación de Poderes, destruyendo, de entrada, esa Democracia y ese Estado de Derecho que, con particular desvergüenza, dicen defender.
