En 2015 se aprobó la Ley de Segunda Oportunidad (RDL 1/2015) que, con muchos requisitos y límites –demasiados-, intentaba dar eso, “una segunda oportunidad”, a empresarios personas físicas aunque sin tocar los créditos con la Administración lo que negaba en la práctica una segunda oportunidad real para los mismos por el volumen de los créditos y la intransigencia de dichas Administraciones.
Ahora, una reciente Sentencia del Tribunal Supremo (STS 381/2019), permitirá a esos autónomos eliminar hasta el 75% de su deuda tanto con la Agencia Tributaria como con la Seguridad Social y comenzar así “casi de cero”. La Sentencia de fecha 02.07.2019, interpretando el Art. 178 Bis de la Ley Concursal, desestima el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia de 2015 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (siempre sin Costas para la Administración), en la que se fallaba a favor de una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad con lo que “de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota)” dejando, además, en manos de los Juzgados el fraccionamiento de la parte de dicho crédito público que no resulte condonada, extremo que hasta ahora dependía de la propia Hacienda Pública añadiendo otra dificultad más a esa segunda oportunidad.
A partir de ahora, ese crédito privilegiado no condonable podrá ser abonado suscribiendo un plan de pagos con el que fraccionar, hasta en cinco años, dicha deuda teniendo en cuenta la capacidad económica real del beneficiario de esa segunda oportunidad. Con todo, desde la ATA apuntan que, en la práctica, los autónomos en crisis podrán ver cómo los Juzgados y Tribunales reducen su deuda con la Hacienda y con la Seguridad Social hasta en un 75%.
Con este nuevo pronunciamiento, nuestro Tribunal Supremo abre una nueva puerta para la aplicación práctica de la Ley de Segunda Oportunidad que hasta el momento no había funcionado en España con apenas 9.000 personas acogidas a la misma desde julio de 2015, cifra que contrasta con los más de 100.000 beneficiarios de medidas similares tanto en Francia como en Alemania según los datos manejados por el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad.