Cuando parecía que el TS había centrado definitivamente el asunto del tercer grado de los políticos presos –y así lo comentamos en este blog- denegando un primer intento de ponerles en libertad el pasado mes de abril 2020, tras los oportunos recursos del MF, precisando que su sentencia “en modo alguno, puede ser interpretada como un aval para la aprobación de programas de flexibilización que, por la vía del art. 100.2 escondan excarcelaciones propias del tercer grado para la aplicación de un régimen de semilibertad que nada tiene que ver con la función resocializadora que es propia de las penas privativas de libertad. La no aplicación del artículo 36.2 del Código Penal supuso que esta Sala no creyó necesario imponer, con los argumentos que expusimos en la sentencia dictada, el denominado período de seguridad que prevé el precepto. Esa decisión no impide que la duración de la pena sea un elemento a ponderar en el devenir de la ejecución, como tampoco supone un plácet para anticipar, cuando no procede, la aplicación del tercer grado o de las previsiones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario”.
La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima perteneciente a la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña vuelve a la carga y da su VºBº a las resoluciones de las Juntas de Tratamiento Penitenciarias, dependientes de la misma Generalidad de Cataluña, para aprobar de nuevo y por segunda vez la excarcelación los políticos condenados y presos por dar un Golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017 (Los Jordis, Sánchez y Cuixart, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Forn, todos excepto Forcadell pendiente de un recurso ante el TS) a los que concede el Servicio Medio Abierto con un máximo de 48 días por año de permiso con un máximo de 7 días seguidos, con lo que sólo tendrán que dormir en la cárcel de lunes a jueves pudiendo, además, moverse libremente para hacer campaña electoral. Esta nueva maniobra en fraude de ley sin que se impute nada absolutamente a nadie -huele que apesta a paripé político del PPSOE- se apoya de nuevo en las Juntas de Tratamiento que alegan que ya ha pasado ¡medio año más de condena!, que todos han cumplido o están a punto de cumplir ¼ de la misma (aproximadamente llevan 3 de los 9 a 13 años a los que fueron condenados) y que todos presentan una «evolución positiva«.
Con esto y de una forma muy cansina volvemos a empezar y la pelota está de nuevo en el tejado de un MF que ya ha advertido, en primer lugar, que la Generalidad podría estar cometiendo un Delito de Prevaricación -esperamos las imputaciones personales correspondientes- y, en segundo termino, que recurrirá en alzada ante los Jueces de Vigilancia Penitenciaria -que no están apreciando el efecto suspensivo del recurso respecto de la medida de libertad impugnada- la concesión de este nuevo Servicio Medio Abierto en cuanto le sean notificadas las resoluciones y que, de no encontrar amparo en los mismos, volverá a recurrir ulteriormente ante el TS, recurso que sí tiene un efecto suspensivo inmediato aunque, por los plazos, dan por buena su participación en la Campaña Electoral del 14-F.
Una vez más vemos el doble rasero de medir que poco a poco se está instaurando en nuestro todavía Estado de Derecho fruto de una politización creciente de la Justicia que debemos corregir de inmediato si no queremos estar en una especie de Venezuela en poco tiempo.
