La Federación Española de Rugby (FER), con la firmeza de la sentencia condenatoria con acuerdo emitida contra el anterior presidente, Bernardo Javier González Cancho (“canchito” para los que le conocimos como jugador) acaba de emitir una nota de prensa informando que la misma comporta una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena como autor responsable de un delito de administración desleal durante el desempeño de su cargo. Además, deberá atender las costas del proceso e indemnizar a la FER con 105.702€ junto con el envío de un escrito de disculpa al rugby español en el que deberá incluir el reconocimiento de la correcta labor profesional desarrollada por los Sres. Moreno González y Sempere Luján, trabajadores de la FER, mientras él fue presidente.
El asunto comenzó cuando, con fecha 11.05.2015, el CSD remitió una carta a Alfonso Feijoo, actual Presidente de la FER, en la que “dada la repetida vulneración del Código del Buen Gobierno, el despilfarro y el cúmulo de irregularidades en los informes de auditoría” le recomendaba “adoptar las medidas legales que consideréis oportunas para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse a las personas que formaron parte del grupo directivo que gobernó la FER entre julio de 2012 y abril de 2014″, lo que llevó a presentar una querella criminal por los delitos de prevaricación, administración desleal y apropiación indebida, tras la oportuna aprobación de esta medida por parte de la Asamblea General de la FER.
Ahora la sentencia recoge que “durante su tiempo como presidente, realizó gastos desproporcionados no acordes con los ingresos de la FER, con intención de favorecer a determinadas personas con las que había trabado relación” entre los que se encontraron el pago de 30.000€ a un arquitecto de Valladolid en concepto de honorarios por un informe sobre la Ciudad del Rugby Español en Arroyo de la Encomienda; un contrato con OESIA NETWORKS (para beneficiar a su amigo personal Javier Corbacho Lozano) para un proyecto de digitalización presupuestado en 500.000€ (OESIA luego sólo facturaría 37.650€ que servirían al Sr. Corbacho para percibir un bonus de más de 5.000€ antes de pedir su baja voluntaria para incorporarse a la propia FER, con fecha 01.04.2014, con un incremento salarial respecto al anterior secretario técnico de 26.535€) y, finalmente, el abono del viaje y la estancia en Las Vegas de dos personas ajenas a la FER (una de ellas el exalcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Mendes Freijo).
El antiguo pilar derecho de El Salvador ha resultado ser un pieza de cuidado y epítome de todo lo que está ocurriendo en España con el dinero público que “no es de nadie” (Carmen Calvo dixit). No es que se perviertan en el ejercicio del poder, siendo éste tan pequeño como el que la FER pueda tener, sino que vienen ya predispuestos a meter la mano en la caja y la meten desde el primer minuto sin solución de continuidad. La corrupción pública es una corrupción creciente y que casos como este ponen de manifiesto y se saldan con una respuesta tan suave que hace que merezca la pena arriesgarse.
El dinero público claro que tiene dueño: es de los esforzados ciudadanos que religiosamente pagan sus impuestos para que luego otros los dilapiden y pone de manifiesto claramente como a mayor Estado y mayores impuestos, mayor es la corrupción en todos los ámbitos públicos, incluso en los más pequeños como la FER. La solución claramente está en hacer lo contrario (menos Estado y menos Impuestos) y en una ley del mecenazgo y el patrocinio que haga viables casi todas las estructuras deportivas con dinero privado.