El Desgobierno Comunista ha puesto en marcha la enésima medida clientelar gracias a la mayoría franquenstein (PSOE, PODEMOS, ERC y PNV, porque en ocasiones no quieren juntarse con la ETA/BILDU) acordando que las Administraciones Públicas convoquen con carácter excepcional un Concurso de Méritos para consolidar los empleos de los funcionarios interinos que lleven ocupando ininterrumpidamente la misma plaza desde antes del 01.01.2016 con lo que, en principio, verán consolidada su plaza sin necesidad de opositar. La medida dice responder al Pacto contra la Temporalidad en la Administración Pública (con un 28% de temporalidad) que quiere dejar en el 8% los trabajadores temporales para el 2024, con el apoyo de los principales sindicatos (UGT, CCOO y CSIF). Durante la tramitación parlamentaria se ha rebajado el listón temporal –fijado inicialmente en 10 años- hasta los 5 años con lo que la medida, de aprobarse como está, puede suponer la conversión de más de 300.000 contratos.
No obstante, los mismos sindicatos que apoyan la medida estiman que la norma y la conversión por concurso sin oposición -a falta de conocer los detalles del concurso- tendrá un difícil encaje si la norma es objeto de una demanda judicial porque puede vulnerar el derecho igualitario de acceso a los puestos públicos que recoge la Constitución. La norma debe aprobarse aún por el Pleno del Congreso por lo que la redacción actual aprobada por el Ejecutivo puede cambiar. Desde las AAPP destacan que lo que se pretende es un proceso de estabilización de plazas y no de funcionarios interinos (apuntando que “serán convocadas a concurso aquellas plazas que hubieran estado ocupadas ininterrumpidamente durante un plazo mínimo de cinco años por el mismo interino, y aquellas que estén siendo ocupadas por un interino y este lleve al menos cinco años trabajando para la Administración, no necesariamente en el mismo puesto”) por lo que esas plazas conformarán una lista de los puestos a cubrir por concurso de méritos lo que no significa que todos esos interinos puedan ni deban acabar convirtiéndose en fijos sin opositar. Desde el Ministerio de Hacienda -que integra las competencias de Función Pública desde julio- apuntan que las listas no se conocerán hasta el 01.06.2022 y aseguran no contar con ninguna estimación sobre su cuantía, aunque apuntan a que podría “rondar el medio millón” mientras el Ejecutivo habla de 300.000 potenciales beneficiarios.
En este Blog venimos comentando la doctrina jurisprudencial generada por el TJUE y por el TS para combatir el abuso de la temporalidad en las AAPP señalando que el incumplimiento por parte del empleador de la obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la correspondiente plaza pública vacante, ha de ser considerado fraudulento y, en consecuencia, procede considerar que ese personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo, señalando como referencia un plazo de tres años sin que pueda apreciarse con anterioridad a la finalización de ese plazo una irregularidad o un fraude en el contrato de interinidad (a sensu contrario, la AAPP podría probar la necesidad de un plazo mayor). Dicha doctrina parecía cerrar la puerta a que esos interinos “irregulares” pudieran convertirse de la noche a la mañana en funcionarios fijos motivo por el que a su potencial despido se conectaba una indemnización de 20 días.
Ahora, el texto de la convocatoria habla de un proceso que se realizará “por una sola vez” y que podrá negociarse en los distintos ámbitos territoriales (Estado, CCAA y Entes Locales). Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas en 2021 el número de funcionarios interinos era de 622.295 (un 23% de los 2,7M de trabajadores públicos) aunque la mayoría está en las CCAA (con un 84%) ya que se poseen competencias en Sanidad y Educación, dos sectores en los que la temporalidad se ha disparado en los últimos años. El INE eleva la cifra de interinos hasta 1,1M en el 3T2021, situando la tasa de temporalidad en el 31,6%, diez puntos por encima de la del sector privado (21,9%). La UE rechaza este cachondeo público -uno más- y vincula la entrega de fondos a la corrección de todo esto para el 31.12.2024.
En definitiva, que una vez más comprobamos como la Administración se salta la Ley a la torera en ambos sentidos: a la hora de aplicar sus políticas y a la hora también de corregirlas. Por eso el Desgobierno Comunista teme que lleguen reclamaciones judiciales que no sólo pongan de manifiesto su ilegal actuación sino que también alteren el calendario comprometido con la UE. Por todo ello, lo que se debería evaluar rapidamente es qué puestos necesita realmente la Administración para con esa lista ver quién puede desempeñarlos eficazmente para, de esta manera, modernizar definitivamente a la Administración y ponerla al servicio de la ciudadanía y no al revés. Todo lo demás será el clientelismo de toda la vida que, en España, está lejos de ser interino.
