Ayer se aprobó la Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid con el objetivo de blindar su bajada de impuestos respecto de la reforma fiscal del Desgobierno Comunista y sus socios franquenstein que en lugar de imitar el modelo fiscal de éxito de la Capital del Reino, presidida por Isabel Díaz Ayuso, quieren cargárselo para proteger sus modelos y prebendas, además de establecer barreras de salida a los ciudadanos y empresas bajo su esfera de influencia que, lógicamente y en cuanto pueden, vuelan hasta Madrid en busca de un clima mucho más benigno en todos los sentidos.
Ya hemos comentado muchas veces en este Blog que la cacareada armonización fiscal perseguida por el Ministerio de Hacienda se traduce en una subida indiscriminada de impuestos, particularmente en Madrid tal y como le piden al gobierno sus socios de Vascongadas, Cataluña y Valencia. Sin embargo, eso no va a ser tan fácil porque precisamente la CCAA de Madrid va a combatir jurídicamente con la promulgación de esta Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid con el objetivo de preservar su autonomía financiera de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 de la Constitución. En su virtud, las CCAA gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
El texto llegó a la Asamblea de Madrid en octubre pasado con la intención tanto de promulgar una ley autonómica cuya aplicación fuera preferente a la estatal como de adelantarse a la reforma fiscal del Desgobierno Comunista al igual que hicieran también con la aprobación de la Ley Maestra de Libertad Educativa, aprobada el pasado mes de julio por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para blindar la enseñanza concertada y la libertad de elección del centro educativo frente al articulado de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada por el Desgobierno Comunista en noviembre 2020. Antes tuvieron la iniciativa suficiente para defender las competencias en Educación que evidentemente quería saltarse el gobierno franquenstein con la ‘Ley Celaá‘ y ahora lo vuelven hacer respecto a las competencias fiscales. Además, esta iniciativa legislativa de la CCAA de Madrid cuenta con que la Constitución establece que las CCAA tienen la competencia de gestión y liquidación de una serie de impuestos por lo que la nueva ley autonómica constituye una «herramienta jurídica» de cara a una posible batalla legal con el Ejecutivo central que no se descarta porque «en febrero conoceremos cuál es su plan, aunque su idea es no aprobarlo hasta 2023. Para entonces, nuestra ley llevará meses en vigor«.
El Ejecutivo de Ayuso defiende con éxito sus competencias y unas políticas de bajos impuestos, como la reducción del IRPF y la eliminación de impuestos propios, que son todo un éxito y que vienen refrendadas tanto con su última mayoría absoluta como con los números de Madrid que no deja de crecer y de ser un polo de atracción tanto nacional como internacional. Frente a esto, el Ejecutivo de Sánchez, inspirado por la ETA, el PNV, ERC, COMPROMIS y PODEMOS no sólo no pretende imitarlo con su reforma fiscal, sino que quiere hundirlo, aunque para ello tenga primero que arrebatar una competencia que está transferida a las CCAA y amparada por la Constitución.