En su día la AEAT elevó a la Fiscalía el tanto de culpa por un supuesto delito fiscal, por ocultar acciones de ARCELORMITTAL en Luxemburgo y por simular que tenía su domicilio fiscal en Suiza, contra el empresario siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain, al que luego pedirían 64 años de cárcel y 1.190M€ de multa por un supuesto fraude fiscal de 211M€ entre 2005 y 2009.
Ahora, sin embargo, la AP de Madrid le absuelve de todos esos delitos contra la Hacienda Pública imputados tanto por el MF como por la Abogacía del Estado en una sentencia en la que se considera que la prueba realizada «es insuficiente» y no permite acreditar que Aristrain «simulara un traslado de su residencia habitual durante los años 2005 a 2009». Además, tras el trámite de cuestiones previas, la AP de Madrid declaró prescritos varios delitos por los que se pedían 24 años de prisión y 410M€ de multa. Después, durante el juicio celebrado a finales del pasado año, Aristrain se acogió a su derecho a no declarar y el MF terminó rebajando su petición a 52 años de cárcel y 185,2M€.
La sentencia recoge los argumentos de la defensa y, además de poner de manifiesto que no existen pruebas de las que se pueda inferir que el empresario simulara haber trasladado su residencia habitual de España a Suiza, precisa que respecto de la dirección efectiva de Corporación JMAC BV, sociedad de Aristrain creada en los Países Bajos en 1998 y tenedora de acciones de ARCELOR, ARCELORMITTAL y ARCELORMITTAL STEEL, tampoco existen pruebas por parte de la AEAT de que la misma «estuviera en España» que era precisamente el principal argumento de la Abogacía del Estado y del MF para defender que la misma se creó para acogerse artificiosamente al beneficioso tratamiento fiscal en Holanda por lo que la Sala concluye que se ha perdido «toda la base fáctica» para poder acreditar «los delitos de defraudación tributaria que fundamentan la acusación» resultando que «no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo parar considerar que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos».
Para quien suscribe se trata de otro ejemplo claro de TERROR FISCAL porque el Sr. Aristrain ha padecido durante años una petición desorbitada e injustificada por parte de la AEAT sin pruebas de ninguna clase, sometiendole a presiones indescriptibles, para que al final y gracias a unos juzgados y tribunales independientes poder salir de un atolladero que en un auténtico Estado de Derecho nunca se debería dar ya que esa acusación sin pruebas debería comportar la responsabilidad personal de cuantos funcionarios la impulsaron o soportaron durante el procedimiento más una indemnización millonaria por parte de la AEAT. Hasta que eso no suceda, todos tendremos Terror Fiscal para rato.
