La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano senegalés que habría estafado más de 1M€ (exactamente 1.097.000€) al Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE) al cobrar ilegalmente hasta 10.000€ al mes en ayudas sociales durante la última década, relativas tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
La investigación se inició el pasado mes de marzo tras las sospechas despertadas por una persona que viajaba con frecuencia a Senegal destapando así la operativa del fraude para poder solicitar y cobrar esas ayudas del LANBIDE: (i) contaba con varios colaboradores para presentarse ante las oficinas de empleo vascas; (ii) subarrendaba habitaciones para conseguir empadronarse en varios domicilios; (iii) falsificaba los certificados de empadronamiento para poder completar los años de residencia requeridos y (iv) abría cuentas en los bancos con todos esos datos.
Con esta operativa y con empadronamientos en diferentes ciudades como Bilbao, Durango, Guecho, Guernica o Iurreta, que se realizaban con una simple declaración y la conformidad del propietario o arrendatario -algunos están imputados por colaboración- y con los pasaportes de otros ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana (hasta 50 pasaportes) que se presentaban tanto ante los bancos como ante el LANBIDE, el presunto estafador registraba los contratos de subarriendo de habitaciones en pisos alquilados por él mismo, por cómplices y por otros ciudadanos que desconocían su actividad delictiva. Con todo, la policía calcula que lograba ingresar mensualmente hasta 10.000€ al combinar las dos ayudas que suman 1.002€ mensuales para cada solicitante (727€ de la RGI y 275€ de la PCV).
La Brigada de Extranjería, con este caso, ha puesto de manifiesto la ausencia de mecanismos eficaces de control en LANBIDE cuya responsable ya reconoció en 2020 que había pagado un total de 10,4M€ de más a los perceptores de la Ayuda RGI, aunque también aseguró que había recuperado 8,6M€ de esos “cobros indebidos” por lo que, en ese ejercicio, la pérdida para las arcas públicas solo fue de 1,8M€. Respecto de 2021 no hay datos sobre la cuantía, pero sí se conoce que alrededor de 10.000 perceptores de ayudas han recibido más dinero del que les correspondía y, por supuesto, ni lo han devuelto ni han respondido a la petición del gobierno vasco para hacerlo.
A esas pérdidas ya reconocidas por el LANBIDE le pueden sumar el millón levantado por este senegalés que se encuentra en libertad provisional y que no va a devolver ni un duro. Como se puede ver no es necesario un gran dispositivo tecnológico para timar a la Administración que se esfuerza mucho en perseguir al defraudador fiscal pero que no lo hace tanto cuando se trata de administrar esos impuestos pagados por los contribuyentes que muchas veces acaban en manos de piratas de todo tipo –también políticos- a los que no les persigue la Agencia Tributaria sino unos Juzgados y Tribunales que, en este terreno, tienen mucha menos pegada. Demasiados impuestos para dar demasiadas ayudas con demasiado descontrol, empezando porque las mismas se niegan a los que sí han contribuido a generarlas para acabar en manos, muchas veces, de personas que no aportan nada al conjunto de la sociedad. Habrá que darle una vuelta a todo esto si queremos avanzar todos juntos.