Tras la reforma del Delito de Malversación de Caudales Públicas operada por el gobierno de Sánchez para amortiguar las responsabilidades del separatismo catalán que ha pasado a ser uno de los socios preferentes del PSOE, el TS acaba de rebajar en 1,5 años las condenas de prisión a las que fueron condenados tanto un ex senador y alcalde socialista como el secretario municipal de Bigastro (Alicante), a pesar de que aseguraran entonces que nunca beneficiarían a políticos condenados por corrupción. Visto el nimio desgaste que tuvo la ‘Ley del solo sí es sí’, ahora se vale todo. ¡Sigan votando PPSOE!
Se trata de la primera sentencia del TS que tiene en cuenta la ‘malversación suavizada’ o ‘malversación perlan’ y que además hace bingo en los propios correligionarios del gobierno que la parió: al ex senador y alcalde del PSOE José Joaquín Moya, que malversó 70.000 euros del referido Ayuntamiento, cuya condena de 4,5 años pasa a 4 años, y al secretario municipal que permitió el latrocinio, cuya condena pasa de 3 a 2 años de cárcel. La jugada consistió en vender solares de propiedad municipal y distraer una parte del dinero y así fue como esos 70.000€, según el Jurado, «se los quedó para uso propio el alcalde, con el conocimiento y consentimiento del secretario» (que también tendría lo suyo, claro). La defensa del político socialista condenado aprovechó la coyuntura y recurrió al TS para anular la sentencia y logrando la primera reducción de condena en este ámbito que trasciende a los medios porque ahora ya «no basta con que el dinero no se encuentre correctamente contabilizado, se tiene que probar si hubo apropiación, si hubo uso privado –y cuál– o si se dio una aplicación diferente al previsto para ese caudal público» y, en este caso, sostienen que «no ha quedado probado ninguno de los usos típicamente previstos en el delito de malversación».
La STS incluye un apartado denominado «Incidencia de la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022» y entiende que la misma resulta más favorable para estas dos personas y por eso, al igual que sucedió con la reforma de la ‘Ley del solo sí es si’, debe aplicar la norma más favorable para reducir sus penas contra el criterio del MF ya que la Sala de lo Penal entiende que en los hechos probados de la primera sentencia no se aclaró el uso final del dinero por lo que corresponde acortar la pena. La STS concreta que «desde esos antecedentes, aunque no se trata de revisión de sentencias firmes, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y dado que se motivó expresamente la adecuada imposición de las penas en su umbral mínimo (entonces prisión de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 6 a 10 años; delimitadas por la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas) y resultando con la reforma legal, en el caso del alcalde, inferior en la pena de prisión, aunque aumente la inhabilitación, procede su aplicación».
No obstante, la pena de inhabilitación para cargo público pasa de 6 a 10 años de inhabilitación absoluta para el ex alcalde y de 4 a 6 años para el ex secretario municipal. El personaje socialista no acaba aquí, sino que está a la espera de sentencia por otra causa en la que el MF le pide 7 años de prisión por quedarse presuntamente con más dinero municipal de expedientes urbanísticos entre 2004 y 2006.
No duden que esto abrirá la puerta a todo tipo de rebajas que beneficiaran a los monigotes al servicio de los Partidos Políticos –que no del Pueblo- que ven como cada día más se vale todo. Otro ejemplo de menos calado lo encontramos en un funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por la AP de Pontevedra a 5 años y 3 meses de prisión (que ahora se quedan en 5 años) por enchufar en una contrata a la cuñada de la presidenta en funciones de la Diputación de Pontevedra y del teniente de alcalde de Vigo. Dentro de poco todos estos delincuentes volverán al partido y ascenderán porque su latrocinio y condena será lo mismo que una herida en combate para los militares. Se nos viene algo muy muy oscuro… lavado con Perlan.
