Tras 8 años de instrucción, arranca en la Audiencia Nacional el ‘Caso Cuéntame’ que es como se conoce al ‘Caso Nummaria’. Ese es el nombre del despacho de abogados registrado en 2016 por la UDEF que se hizo con 14.970 archivos de distintos clientes entre los que se encuentran tanto Imanol Arias (que ya ha regularizado 2,4M€ de los 2,7M€ que le piden) como Ana Duato (que ya ha regularizado 0,97M€ de los 1,9M€ que le piden), los actores que interpretan al matrimonio Alcántara en ‘Cuéntame cómo pasó’, la legendaria serie de TVE. El MF pide 27 y 32 años de cárcel, respectivamente, para cada uno tras elevar el tanto de culpa al superar el fraude a la Hacienda Pública la cantidad de 120.000€ que marca el umbral del delito en distintos ejercicios fiscales.
El despacho, liderado por el asesor fiscal Fernando Peña, se encargaba de gestionar la contabilidad y las declaraciones fiscales de sus clientes y al parecer habría creado una red opaca con ramificaciones en Reino Unido, Canadá, Uruguay, Luxemburgo y Costa Rica para declarar menos ingresos de los que percibían estos y otros clientes y hurtarle a la AEAT hasta 80M€. El MF sostiene que los clientes «eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas».
La clave del caso parece estar en la pericial elaborada por LAZARUS TECHNOLOGIES en la que señala que casi la mitad de esos 14.970 archivos incautados por la UDEF sufrieron «alteraciones» y no podrán «constituir una prueba de cargo». Según el informe de 78 páginas «La multitud de registros identificados como modificados desde el 27 de abril de 2016 a las 10.15 horas hasta el 22 de mayo de 2019 a las 23.59 horas asciende a 7.577» y, además, presentan «discrepancias» entre las huellas digitales recogidas en el acta de entrada y registro y el acta de volcado efectos informáticos del 5 de mayo de 2016, y la obtenida sobre las pruebas adquiridas del Cloud de Justicia. Huellas que «no coinciden» y que evidencian «múltiples modificaciones» tras acceder a los códigos hash depositados en la Audiencia Nacional por lo que, a su juicio, «es posible determinar que ha existido una clara alteración que afecta directamente a la conservación, inalterabilidad y repetibilidad de las evidencias utilizadas como fuente de información en el procedimiento».
Los peritos destacan como cualquier documento o comunicación digital puede ser «fácilmente editado con programas informáticos sencillos y disponibles para cualquier persona sin necesidad de que estas tengan conocimientos avanzados de informática» y que las evidencias de manipulación en dichos archivos hacen que esos metadatos «no puedan constituir una prueba de cargo». Un juicio que previsiblemente se alargará hasta octubre 2024 ya que por el mismo tendrán que desfilar una treintena de acusados y numerosos investigadores y testigos.
Un asunto que huele muy mal porque el ahora acusado, Fernando Peña, ya utilizó a LAZARUS TECHNOLOGIES para denunciar a la ex jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas, provocando el registro de su domicilio en busca de datos sobre las actividades de su marido que presuntamente habría repatriado capitales eludiendo al fisco utilizando cuentas de la filial suiza del banco HSBC. Todo ello determinó su cese a finales de 2016 al verse salpicada por el escándalo de blanqueo de capitales y evasión fiscal derivado de la ‘Lista Falciani’.