Para los no iniciados, decir que un SLAPP es un concepto acuñado por dos profesores de la Universidad de Denver en los 80 que lo definieron como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social» y que hoy se conocen, siguiendo esas siglas en inglés, como ‘demanda estratégica contra la participación pública’. Con un SLAPP se lleva ante los tribunales, bajo cualquier causa, a personas que, por su posicionamiento, investigaciones o por lo que sea, resulten contrarias/molestas a los intereses del demandante y se hace para lograr que cese en dicha oposición. Aprovechan una situación de mismatch procesal, porque los procesos judiciales son caros, largos y, cada vez más, de incierto resultado, para intentar agotar física y económicamente, con papeles, al opositor gracias a su superioridad de medios.
Esto es justo lo que subyace en el anuncio de demandas contra periodistas que critican al FCB a resultas del ‘Caso Negreira’ que tiene, necesariamente, que terminar mal para los que indecentemente trataron o consiguieron –que tanto da- influir en la competición abonando más de 7M€ al vicepresidente del CTA del futbol español, que se aprestó a colocar inmediatamente esa pasta a terceros tal y como lo tiene bien acreditado la AEAT. En estos casos, los demandados pueden presentar, en su contestación, una ‘moción anti-SLAPP’ solicitando la desestimación de la demanda por tratarse de una demanda sin causa, de una demanda SLAPP. En la UE, a diferencia de USA, no hay normativa al respecto, pero nada impide tampoco la utilización de este tipo de mociones. Mociones necesarias para cortar esos procesos porque las demandas SLAPP atacan, en el fondo, los derechos de todos los ciudadanos al ir dirigidas a la represión de personas con el único objetivo final de ocultar información que debería hacerse pública limitando, por tanto, el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer sobre cuestiones que exceden el ámbito privado, conculcando, de paso, las libertades fundamentales de expresión y de prensa.
El FCB está presionando con denuncias SLAPP a todos aquellos periodistas y medios de comunicación que están comentando ese ‘Caso Negreira’ bajo la acusación de difamar a la entidad y para, a su decir, proteger la “honorabilidad del club y la legitimidad de sus éxitos deportivos”, mientras también ha iniciado una caza de brujas habilitando un correo electrónico para que los socios puedan comunicar cuantas informaciones estimen atentatorias contra la imagen y el honor del FCB y todo ello en un contexto de pruebas abrumadoras en su contra.
En definitiva, las demandas SLAPP atacan el normal funcionamiento de la Democracia que requiere de una prensa libre que facilite, con sus investigaciones, informaciones y opiniones, los materiales que la sociedad necesita conocer para controlar a dirigentes y poderosos, pudiendo abrir públicamente un debate sobre sus actuaciones. Las SLAPP vienen precisamente a impedir que todo eso ocurra, imposibilitando que la ciudadanía conozca y opine públicamente, al tiempo que ponen de manifiesto lo negativo, al menos reputacionalmente, de las actuaciones que se pretenden tapar. Mientras llega una iniciativa legislativa que abra la posibilidad legal de esas mociones anti-SLAPP con las que un juez podría desestimar directa y fácilmente ese tipo de demandas en origen, no duden ustedes en presentarlas si se encuentran en un caso así.