El Desgobierno Comunista puede pifiarla en varios ámbitos a la vez y Alberto Garzón (PODEMOS), al frente del Ministerio de Consumo, ya lo ha conseguido en varias ocasiones –recuerden aquello del semáforo nutricional o lo de los problemas por consumir carne- y ahora se prepara para batir, en 2022, todas las marcas con la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, trasponiendo una Directiva y optando por las peores opciones que ofrece la normativa europea, y con su anuncio de prohibir la publicidad dirigida a menores de edad de alimentos considerados «no saludables».
Con la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en su supuesta lucha contra la “obsolescencia programada” pretende establecer por ley, en primer lugar, una garantía de reparación de 10 años –sin precisar luego un tiempo máximo para realizar dicha reparación- lo que ha disparado las alarmas en la industria y los fabricantes que, hasta ahora, solo estaban obligados a facilitar la reparación durante los primeros 3 años desde la venta del producto. En segundo lugar, para proteger al consumidor y promover la economía circular, quiere establecer por ley una garantía de devolución por 2 años durante los cuales cualquier consumidor podrá devolver su compra por motivo de disconformidad –hasta ahora eran 6 meses- apostando por la línea más dura posible dentro de la Directiva (entre 1 y 2 años). Por supuesto, no repara en las consecuencias económicas que traerá consigo ese mayor stock de piezas para la reparación (más fabricación, más transporte y más almacenamiento) que supondrá un aumento en el precio de todos los productos afectados y una mayor huella ambiental.
Por otra parte, esa prohibición de la publicidad dirigida a menores de edad afectará a productos dulces y salados como galletas, helados, bebidas calóricas, snacks y otros alimentos considerados «no saludables» siguiendo los perfiles nutricionales de la OMS, por lo que esos anuncios dejarán de verse en TV en horario de protección reforzada a menores, en los canales infantiles, en las teles y radios con una elevada audiencia de menores de 16 años o antes, durante y después de programas destinados a los niños. Además, tampoco podrán aparecer en páginas webs, redes sociales, aplicaciones móviles, salas de cine o medios impresos con contenido para menores de 16 años y, todo ello, para proteger la salud de los menores y combatir el sobrepeso.
En este Blog no vamos a ir contra los derechos de los consumidores, pero éstos pueden protegerse sin poner en peligro ni a la empresa ni a la lógica. Las nuevas garantías de devolución y de reparación no van a dar nada nuevo al consumidor responsable y sí van a disparar los gastos y, por lo tanto, el precio, la calidad y la huella medioambiental de muchos productos en plena crisis económica mientras que, para los productos infantiles, lo que habría que hacer es aumentar su seguridad con nuevos estándares que la industria cumpliría inmediatamente en lugar de permitir la comercialización efectiva de productos no saludables negando, a continuación, su publicidad. El mundo al revés.
En definitiva, que claro que hay que proteger el interés del consumidor en contar con productos que funcionen sin problemas en todos los ámbitos del comercio, apostando por la calidad y la durabilidad pero eso no se conseguirá nunca con medidas como las previstas sino con otras muy distintas que, por ejemplo, potencien la imagen de las marcas más saludables y eficientes dejando fuera del mercado al resto gracias a unas auditorias sobre los procesos de producción y sobre los productos fabricados al estilo del Euro NCAP de los automóviles. Esto es real, barato y posible, frente a las enrevesadas medidas propuestas. ¡Vaya tropa!
