El TJUE ha dictado con fecha 22.02.24 una sentencia en la que, constatando la precariedad que existe en el sector público español y el abuso que supone el encadenamiento de contratos, insta a España a convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos de larga duración, poniendo de manifiesto lo que aquí decimos día sí y día también: que en España la ley es para el sector privado, porque el sector público va por libre y hace lo que le da la gana, haciendo imposible que se pueda hablar de un estado de derecho.
El caso nace de la reclamación de tres trabajadores contra, respectivamente, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid. Los dos primeros habían desarrollado su carrera a base de contratos temporales sucesivos desde 1994, mientras que el tercero lo hizo desde 1998. La sentencia del TJUE insta al gobierno español a que convierta a esos trabajadores públicos interinos de larga duración en fijos, lo que a la postre se va a convertir en un problemón en España porque, además de los tres recurrentes, existen alrededor de un millón de trabajadores en esa situación. En función del año de corte pueden resultar más o menos, pero para hacernos una idea se podría decir que hay unos 755.000 funcionarios interinos más otros 360.000 laborales temporales.
La sentencia conduce necesariamente a la transformación en fijos de todos los empleados públicos que son víctimas de un abuso, pues rechaza que las medidas articuladas hasta el momento para sobrellevar esta situación ora por el gobierno de España ora incluso por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Así se pronuncia directamente contra la figura del ‘personal laboral indefinido no fijo’ y rechaza tanto la posibilidad de una indemnización por la extinción de dichos contratos como la convocatoria de procesos de estabilización en la oferta pública de empleo.
La respuesta del gobierno es que «está estudiando» la sentencia porque desde el Ministerio para la modernización y transformación de la Administración ya se estaba trabajando en reducir las tasas de temporalidad y precariedad que existen, anunciando que lo primero que piensan hacer es eliminar la tasa de reposición y sustituirla por una gestión de efectivos, amén del plan de 2021 para convertir en fijos a 300.000 interinos que, a finales de este 2024, esperan tener completado al 75%.